
El Gobierno culmina una semana caliente en la calle -tres movilizaciones masivas- y fría en los escritorios -el informe de pobreza que dio a conocer el jueves la UCA- con la reglamentación de la ley de Emergencia Social, que había sido aprobada en diciembre pasado.
El mes pasado hubo protestas de organizaciones de desocupados y trabajadores informales para que adoptara esa medida, que finalmente salió a través del decreto 159/2017 publicado en el Boletín Oficial. Así, el presidente Mauricio Macri reglamentó la ley N 27.345 que estableció la prórroga de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019.
En la norma, el Poder Ejecutivo detalló las funciones y objetivos del Consejo de la Economía Popular y los parámetros para la asignación del Salario Social Complementario, ambos dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
El mes pasado, organizaciones sociales reclamaron la reglamentación de la ley, luego de su aprobación por parte del Congreso en diciembre, para que fuera aplicada.
Según el decreto publicado hoy, la cartera manejada por la ministra Carolina Stanley determinará los lineamientos para el cumplimiento de los objetivos de ese Consejo, que establece un Registro Nacional de la Economía Popular, cuyos trabajadores admitidos, bajo parámetros establecidos, podrán acceder a un Salario Social Complementario.
En el decreto, el Gobierno define la Economía Popular como “toda actividad creadora y productiva asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el familiar”.
El organismo estará constituido por un representante titular y un reemplazante (en caso de que el titular no pueda asistir) del Ministerio de Desarrollo Social, un representante titular y un reemplazante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y un representante titular y un reemplazante del Ministerio de Hacienda.
Aquellos trabajadores que sean aceptados en el Registro podrán acceder al Salario Social Complementario, “conforme a los criterios de elegibilidad y clasificación de partidas presupuestarias asignadas a tales fines” por parte del Ejecutivo.
La reacción del Ejecutivo no terminaría ahí. Con el objetivo de seducir a los sectores desencantados de cara a las elecciones legislativas de octubre, en el que Cambiemos se juega buena parte de la gobernabilidad, se postergarán los ajustes del gasto público, el recorte de los subsidios y el aumento en las tarifas del gas, el transporte público y el agua.
Según publicó el diario La Nación, el aumento de tarifas del gas de hasta el 67% se desdoblará en tres tramos: abril próximo, y noviembre y abril de 2018.
Asimismo, no habría aumentos en el transporte público de pasajeros hasta después de las elecciones, y el agua “sólo” subirá el 23%.
El Gobierno buscaba reducir los 300.000 millones de pesos de subsidios y hacerles un guiño a las empresas que están interesadas en invertir, pero asumió que no es momento de trasladar esos costos a los consumidores.
Este viernes, organizaciones sociales que representan a trabajadores informales anunciarán un plan de lucha “en repudio al modelo económico neoliberal del Gobierno y al incumplimiento de la Ley de Emergencia Social”, al tiempo que avanzan con la convocatoria a la marcha del próximo lunes a la Plaza de Mayo por “Tierra, Techo y Trabajo”.
El anuncio se realizará en una conferencia de prensa a las 11.30 en la sede de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), ubicada en Pedro Echague al 1200 en el barrio porteño de Constitución.
Allí los referentes de la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que participaron el martes pasado de la masiva marcha que encabezó la CGT, darán detalles sobre el plan de lucha que también reclama “medidas urgentes frente al deterioro de la situación socioeconómica de las clases populares en la Argentina”.