Un cargo que fue creado en 2005 y por diferentes motivos se dilató su designación

El 28 de septiembre de 2005 se sancionó la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En la norma se establecía la creación del cargo de Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, el cual debía ser designado dentro de los 90 días posteriores a la sanción. Sin embargo, hasta este jueves ese cargo permaneció vacante.

La abogada Marisa Graham fue seleccionada entre 14 candidatos para estar al frente de este organismo que defenderá los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, quien se desempeña como profesora de Derecho de Familia en la UBA, y fue titular del Consejo del Menor y la Familia, y ex Directora de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de ahora, la funcionaria "tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales", según lo establecido en la ley.

Al momento de asumir el cargo, Graham expresó: “Recordé un momento similar de emoción como el que tengo ahora: en 1994 en la constituyente la incorporación de 11 tratados de derechos humanos de la Constitución Nacional y la pelea que dimos muchos de nosotros para que la convención sobre de los derechos del niño y otros tratados tuvieran ese rango constitucional”.

Y agregó: “Agradezco mucho a la Comisión Bicameral. Me siento aún más calificada por haber sido ponderada por 10 mujeres. Y agradecer a las organizaciones sociales que han transitado conmigo este camino”.

A través de este organismo, deberá monitorear las políticas de infancia en todo el país, más allá de que algunas provincias ya tienen esta figura, saldando de esta manera una deuda del estado para con el país.

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En un contexto de crisis económica y social, con la divulgación de datos alarmantes sobre la pobreza en Argentina y la situación de los niños como los más desfavorecidos, esta figura es clave para monitorear las políticas públicas destinadas a la protección integral de la niñez.

Según un informe de UNICEF, el 48% de las niñas, niños y adolescentes vive bajo la línea de pobreza y casi la mitad de ellos afrontan severas privaciones de derechos fundamentales, como vivir al lado de un basural, en una zona inundable o padecer problemas de acceso al agua potable.

Mientras que el Observatorio de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina, en el último trimestre de 2018 la cantidad de chicos argentinos en la pobreza aumentó a 51,7%.

Frente a esta realidad, en 2015, un grupo de ONGs que trabajan en la protección de la infancia, se unieron en la coalición “Infancia en Deuda” para reclamar el nombramiento del cargo bajo la campaña #DefensorDelNiñoYa!

A partir de un recurso de amparo, en 2017 se conformó la Comisión Bicameral encargada de designar a la persona idónea para el cargo. Después de un análisis de 68 candidatos y una reestructuración de la comisión, este jueves culminó el concurso público y entre 14 finalistas, se eligió a la persona para cubrir este cargo.

El Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes permanecerá en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelegido una vez, y será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, a través de una Comisión Bicameral.

Entre sus funciones, deberá promover las acciones para la protección de los intereses relativos a las niñas, niños y adolescentes; interponer acciones para la protección de sus derechos en cualquier juicio, instancia o tribunal; supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a su atención; proporcionar asesoramiento de cualquier índole y recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o adolescentes o cualquier denuncia que se efectúe con relación a ellos.

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