Muchos ciudadanos saben o intuyen que las esperas en distintos servicios o comercios no pueden ser extensas o que de alguna manera están reguladas normativamente. La regulación razonablemente difundida por diversos medios y por el boca a boca de los tres minutos en los peajes (que en realidad es en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, y en algunas jurisdicciones puntuales) y la evolución en la conciencia de los derechos permitieron esta idea generalizada, que existe alguna normativa que nos defiende.

Ahora bien, en que situaciones se aplica o bien cuantos es la tolerancia, ya es un nivel de información que es menos común; por ello me parece buena idea dar un panorama completo (hoy tiene la cuarta y última entrega dominical) sobre la situación en todo el país, y para ellos contamos con el siempre útil sitio especializado ‘Justicia Colectiva’.

Ya señalamos el domingo pasado que la CSJN resolvió que, en especial en los derechos de los consumidores, es posible la concurrencia de normas en favor del consumidor, o dicho de otra manera, los estados provinciales o municipales pueden subir el standard de protección fijado por la nación, siempre y cuando no afecten el comercio interjurisdiccional.

En Fallos 330:3089 (T. 177. XL. Recurso de hecho Telefónica de Argentina S.A. s/ acción de inconstitucionalidad., del 11/7/2007), la CSJN analizó la situación de una normativa provincial que establecía con mayor detalle la información que debía brindarse al consumidor en las facturas del servicio de telefonía fija. Dicha situación es totalmente equiparable en relación con los demás derechos de jerarquía constitucional de los consumidores, en el caso con el derecho al trato digno. Dijo allí que siguiendo la interpretación Constitucional ‘(...) revela que, por (...) la tutela constitucional de los consumidores (art. 42 de la Constitución Nacional), la competencia corresponde al Congreso de la Nación. Que fijada la regla, es necesario determinar si esa competencia es excluyente, o si por el contrario admite supuestos de concurrencia y cuáles son sus límites’.

El único límite que consideró necesario a este respecto es que la normativa provincial ‘(...) debe estar limitada por el principio de no interferencia, de manera que no obstaculice el comercio interprovincial, imponiendo costos excesivos’.

Considerando la interpretación constitucional a este respecto sobre el posible conflicto de coordinación de competencias entre el estado nacional y la provincia, no es posible concluir que este tipo de leyes exceda la competencia de las provincias para reglamentar este derecho constitucional básico de los consumidores.

Conclusión

La situación tiene pendiente una respuesta completa por parte del estado nacional, y hoy en día no hay una única ley para todo el país. Por suerte, tenemos leyes en la mayoría de las provincias que nos protegen. Es necesario seguir impulsando en las provincias que faltan, las leyes necesarias para garantizar la protección, y los cambios en las que tienen leyes limitadas.

Cómo línea general podemos tener presente que los consumidores tienen, en CABA, Tucumán, Corrientes, Chaco, Salta y Mendoza, leyes que nos dan derecho a que la espera en una fila no supere, en ningún caso, los 30 minutos. En CABA se acepta hasta 90 minutos si hay asientos, en los demás casos, no se acepta más de 30 minutos nunca.

Por otro lado, en las provincias de Entre Ríos, Río Negro no puede haber esperas de más de 30 minutos y en Misiones de 1 hora, pero esto es sólo para entidades financieras o trámites en caja.

Lamentablemente, en Provincia de Buenos Aires (y en las demás provincias que no nombramos), no hay leyes que protejan a los consumidores de esta práctica tan común, por lo menos hasta el día de hoy. Hay algunos proyectos presentados en distintas jurisdicciones sin aprobación final, y podría el usuario afectado en las regiones aún no alcanzadas por la norma tutelarse en el principio general acudiendo a los tribunales judiciales, pero obviamente ello implica una energía y un tiempo muy valioso para cada uso de nosotros, mucho más si se trata de defendernos de la ‘pérdida de tiempo en la espera’ de los comercios. Es por ello esperable que los legisladores tomen el ejemplo de otras provincias y finalmente todos los consumidores del país tengas el mismo estatus jurídico para defenderse de esta situación.

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