A un año de la muerte de la niña de 12 años por no recibir un trasplante a tiempo, tras la ley que lleva su nombre se registró en los últimos meses un auspicioso aumento en ablación y trasplantes

A un año de la muerte de Justina Lo Cane, de 12 años, por no recibir un trasplante de corazón a tiempo, la ley que lleva su nombre y que se aprobó en julio pasado empezó ya a mostrar resultados auspiciosos, al registrarse en los últimos meses un aumento de las donaciones y trasplantes de órganos.

Impulsada por el senador de Cambiemos Juan Carlos Marino junto a los padres de Justina -Ezequiel y Paola-, la ley aprobada por unanimidad el 4 de julio pasado establece en su punto principal que todas las personas son donantes de órganos, salvo que hubieran expresado su voluntad contraria.

“La Ley Justina cambió el paradigma de la donación de órganos”, celebró Marino en diálogo con NA, al tiempo que indicó que el objetivo de la norma era “aumentar la cantidad de donantes” y “capacitar, sobre todo en el interior del país, a las personas que pueden intervenir en el proceso de donación y trasplante”.

Para el senador nacional de La Pampa, a pocos meses de la aprobación de la ley, los resultados empezaron a verse: “En 2017 hubo 1.012 trasplantes y en 2018 ya llevamos 1.438”, subrayó Marino, al tiempo que destacó que “el año pasado la negativa a donar órganos era del 40 por ciento y este año, en solo tres meses bajó al 16 por ciento”. El legislador indicó que “no es una ley que obliga a todos, como se dijo”, porque “quien no quiere ser donante puede registrarse para no serlo” y, además, puso de relieve el carácter “solidario” de la ley con quienes eligen no donar, un elemento que a su juicio “tuvo poca difusión”.

“A diferencia de Uruguay, donde el que no dona no recibe, acá pusimos en la ley que si alguien no es donante igualmente puede recibir un trasplante de órganos”, destacó el senador radical, al tiempo que recordó las palabras de la diputada Graciela Camaño durante el debate de la norma: “Esta ley es perfecta”.

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Según las cifras del INCUCAI, en agosto pasado hubo 88 donantes de órganos, un número que supera el récord histórico del mismo mes de 2010, cuando se registraron 70 donantes, y los números siguen en ascenso.

Mientras que en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de este año hubo 45, 38, 48, 42, 60 y 46 donaciones, respectivamente, en julio fueron 51 y luego del salto de agosto pasado hubo 67 en septiembre y 75 en octubre, lo que muestra un incremento significativo.

También hubo cifras récord en trasplantes: en agosto, septiembre y octubre hubo 121, 92 y 109 trasplantes renales, respectivamente; 15, 9 y 12 cardíacos y 54, 35 y 37 hepáticos, números que están por encima de lo registrado en los meses anteriores.

Justina Lo Cané murió el 22 de noviembre de 2018 en la Fundación Favaloro, mientras aguardaba un trasplante de corazón, y sus padres se cargaron al hombro la tarea que la pequeña les había encomendado: “Ayudar a todos los que se pueda”.

La campaña “Multiplicate x 7” (que hace referencia a los siete órganos que toda persona puede donar) fue iniciada por Ezequiel Lo Cane a instancias de la pequeña Justina, cuando todavía se encontraba internada.

Paralelamente comenzó a impulsar la sanción de una nueva ley para las donaciones de órganos y Marino receptó la iniciativa, que fue trabajada en conjunto con el INCUCAI, con la decisión tomada de que la norma llevara el nombre de la niña.

El aporte central de la Ley Justina -que fue aprobada por unanimidad en las dos Cámaras del Congreso- es que invierte el proceso por el cual las personas pasan a integrar el registro de donantes, con la figura del “donante presunto”.

Así, ya no se requiere dejar voluntad expresa por la afirmativa sino que se garantiza “la posibilidad de realizar la ablación de órganos y/o tejidos sobre toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos”.

En este sentido, la nueva norma también eliminó la obligatoriedad de que el familiar tenga que firmar un acta dando testimonio de la voluntad de la persona fallecida.

Además, estableció la obligación a los profesionales médicos de notificar al INCUCAI los tratamientos de diálisis que le realicen a un paciente, o cuando le indiquen la realización de un trasplante.

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