El sol calienta como nunca, pero un hombre de mediana edad cumple con el rito diario de llegar hasta la vereda del enorme galpón ubicado en la Avenida de los Constituyentes, a metros de la General Paz, trasladando no sin esfuerzo un carrito donde un montículo de residuos, desde cartón hasta plásticos, nylon y otros elementos, esperan ser ingresados al lugar, donde les espera un destino diferente.
Desde hace casi 10 años, ese inmenso galpón se convirtió en un centro permanente de entrada y salida de carritos y camiones repletos de cartones y residuos de todo tipo, que una vez ingresados, serán objeto de un proceso de reciclamiento para su reutilización en distintos procesos.
El predio, crecido a la par de las sucesivas crisis sociales que la Argentina enfrentó desde principios del milenio, se convirtió en uno de los centros de recolección y reciclaje más importantes del ámbito porteño, y allí funciona la cooperativa El Alamo, donde alrededor de 160 personas cumplen distintas funciones entre recepción, acopio, compactación y distribución de materiales de todo tipo.
La responsable de este centro, que es una de las 14 cooperativas que operan en la Capital, es Alicia Montoya, una docente que es maestra de grado y que en un tiempo accederá a la jubilación, pero que, por sobre todo, fue depositaria de esta tarea a partir de su preocupación constante por los problemas sociales y por una cuestión de difícil tratamiento como el destino de los residuos.
Montoya nos cuenta que el inicio de su trabajo solidario se dio a partir de 2001. En aquellos tiempos de crisis grave, señala que "era habitual reunirse en todos los barrios y armar asambleas vecinales, la situación en Villa Pueyrredón era dificil, hacia esta zona llegaban unas 300 familias que venían a buscar restos de basura, muchos de ellos eran cartoneros que viajaban en tren desde Zárate".
Así, comenta, "comenzamos a trabajar con estas familias para ver qué se podía hacer, y yo participé también como vecina. Lo primero que encaramos fue una huerta comunitaria, y un merendero para los niños, y en el barrio había un basurólogo, que me explicó que la tarea se desarrollaba en condiciones precarias".
Alicia relata que "en 2002 Eduardo Valdés, que era diputado, presentó la ley 992, que reconoce el trabajo de los recuperadores urbanos y los incorpora al servicio, pero esa ley quedó estancada, y empezamos a trabajar sobre ella, así logramos que en 2007 se sancionara la Ley 1854, de Basura Cero, que planteaba la separación en origen de residuos, y que la tarea esté a cargo de cooperativas de recicladores, es decir, con un trabajo más vinculado al Estado".
Con respecto al llamado Centro Verde que funciona en Villa Pueyrredón, Alicia describe que como los demás, "es una planta donde los trabajadores tienen rutas de recolección, llevan el material a un punto verde, lo trasladan a las plazas, pasa el camión al punto verde, recoge ese material y lo trae acá".
Una vez en los centros "el material se clasifica, se muele el plástico duro, se separa, se pasa por una compactadora y se vende a la industria recicladora, y calcula que "son casi 160 personas entre recicladores de calle, choferes, ayudantes de carga, trabajadores de planta, gente que atiende puntos verdes o grandes generadores de residuos".
Cuenta Montoya que "nosotros somos parte de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores", y remarca que "en las 14 cooperativas, cada una tiene una o dos zonas de trabajo, de acuerdo a un convenio firmado con el gobierno de la Ciudad".
Con respecto a la problemática de la basura, Alicia destaca que "con el manejo de residuos debe haber una concepción ambiental, una económica y una social. Hay que propiciar una ley en base a esos tres aspectos" y agrega que "hoy hay basurales a cielo abierto y pocos avances, solo se modificaron leyes para poder incinerar e ingresar residuos".
Para Alicia fue bisagra que "a partir de la ley de Basura Cero y sus decretos se logró una primera experiencia piloto, y el Estado empezó a otorgar recursos, y proveer camiones, además se acondicionaron los centros verdes" y "se empezó a pagar un incentivo para que los trabajadores realicen las tareas bajo normas de seguridad e higiene".
Según detalla Alicia, "en total hay alrededor de 400 toneladas de reciclados por mes, y en su gran mayoría se trata de cartón", y reflexiona que "el problema económico se expresa claramente en la caída de la cantidad del cartón. Estamos hablando de un 20 o 30 por ciento. En el primer trimestre de este año nosotros recuperamos 684 toneladas, lo cual da un promedio de 230 toneladas por mes. Y antes nosotros veníamos de 300 toneladas", añadió.
Entre los proyectos presentados por la cooperativa estuvo el que propuso un tiempo atrás que "los compañeros dejen los carros por unas bicicletas, para mejorar las condiciones de trabajo. El gobierno dice que no tiene plata, pero tiene los tres mil dólares que salen los contenedores, y para las bicicletas estas, que salen 800 dólares, no. Nos dicen que no hay plata", obviamente en referencia al gobierno que acaba de finalizar su gestión.
En la ciudad de Buenos Aires hay 14 cooperativas de cartoneros que recorren el distrito para recoger todo el material reciclable que se recupera de los domicilios y se recolectan 7300 toneladas diarias de residuos, 400 de las cuales corresponden a material reciclable.
Actualmente hay unos 4500 trabajadores registrados que, desde este año, cuentan con la misma categoría lo que redunda en la Dirección de Reciclado con un presupuesto extra de 243 millones de pesos y totaliza 1.245 millones de pesos, monto que se destinó a las obras en centros verdes, logística vehicular, alquileres y a diseñar el plan de paradas para las cooperativas.
Cada cooperativa tiene una zona asignada que deberá atender y llevar el material a esos puntos por donde pasará un camión con ruta obligatoria y monitoreada. Los 4500 cartoneros serán reconocidos como recuperadores ambientales, cobran unos 13.200 pesos; hasta el año pasado, el 50% de ellos cobraba la mitad de este monto. En total hay unos 6500 recuperadores que trabajan en las cooperativas y reciben un subsidio del gobierno porteño. Además hay otros 4000 que trabajan en forma independiente, por fuera del sistema.