El pago a la mujer "no fue una contribución a la campaña o un gasto de campaña por parte de nadie", agregó el abogado en su declaración.

El abogado personal del presidente estadounidense Donald Trump reveló haber pagado 130.000 dólares de su bolsillo a una actriz pornográfica que ha afirmado haber tenido una relación sexual con el magnate inmobiliario en 2006.

En una declaración publicada ayer en el New York Times, el abogado Michael Cohen dijo que Trump no le había reembolsado la suma pagada a la actriz, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, de 38 años, y es conocida bajo el nombre de Stormy Daniels en la industria pornográfica. El pago fue hecho legalmente, añadió el abogado.

“Ni la Organización Trump, ni la campaña de Trump participaron en la transacción con Clifford, ni nadie me reembolsó ese pago, ya sea directa o indirectamente”, señaló Cohen.

El pago a Clifford “no fue una contribución a la campaña o un gasto de campaña por parte de nadie”, agregó el abogado en su declaración.

Cohen no precisó las razones de ese desembolso de dinero, ni si el presidente estadounidense, que ha sido acusado en múltiples ocasiones por su conducta con las mujeres, estaba en ese momento al tanto del pago.

Las declaraciones del abogado podrían reactivar las especulaciones sobre el estado de las relaciones de Trump con su esposa Melania, que en enero anuló un viaje a Davos en Suiza. El presidente se presentó allí solo luego de las primeras revelaciones sobre su relación con esta actriz.

“Transacción privada”

El presidente estadounidense era un simple ciudadano en 2006 cuando supuestamente tuvo lugar su encuentro con la actriz. Trump ya estaba casado en esa época con Melania, una ex modelo eslovaca, quien había dado a luz a su hijo Baron cuatro meses antes.

El pago a Clifford había sido revelado el 12 de enero pasado por el Wall Street Journal, y según medios estadounidenses se habría hecho un mes antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 para acallar la supuesta relación.

Cohen la considera una “transacción privada”.

Pero la ONG Common Cause presentó una demanda federal en enero argumentando que el pago pudo haber violado las normas del financiamiento electoral.

Common Cause dijo tener “razones para creer” que el dinero debe ser considerado un gasto de campaña “porque fue pagado con el objetivo de influenciar en las elecciones presidenciales de 2016”, según el documento presentado por la ONG.

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