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La agencia estadounidense de noticias The Associated Press (AP) informó que la Administración de control las Drogas de Estados Unidos (DEA) conspiró contra Venezuela.
Una investigación periodística reveló la existencia de una supuesta operación encubierta de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que se proponía, en 2018, fabricar casos de narcotráfico contra miembros del Gobierno de Venezuela, lo que coincide con las recientes denuncias de conspiraciones que hizo públicas el presidente Nicolás Maduro, que mencionaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La agencia The Associated Press (AP) publicó este jueves que tuvo acceso a un "memorando secreto" donde se detallaba una operación encubierta, que se extendería hasta 2019, basada en operaciones encubiertas que buscaban grabar ilegalmente y "construir casos de narcotráfico" contra los dirigentes del chavismo.
El documento -que no había sido nunca antes difundido- se redactó durante la campaña de presión que llevó adelante Donald Trump durante su mandato (2017-2021) con la finalidad de derrocar a su par venezolano, a través de mecanismos como las sanciones, desconocimiento de sus instituciones y amenazas de intervención militar, entre otras.
Un atentado con drones
Precisamente en 2018, mientras Maduro se dirigía al país en una transitada avenida capitalina, se ejecutó en su contra un atentado fallido con drones, del que responsabilizó a la DEA, el pasado 14 de enero durante su mensaje a la nación, en la Asamblea Nacional.
Más allá de los señalamientos presidenciales, hasta el momento, la Justicia venezolana detuvo a 36 personas, entre ellas militares activos y políticos de la ultraderecha, por estar presuntamente incursos en cinco conspiraciones que además de subvertir el orden constitucional buscaban asesinar a Maduro, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al gobernador de Táchira, Freddy Bernal.
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Venezuela, un "narco-Estado"
Con la finalidad generar inestabilidad política en el país, en 2018 altos funcionarios de la DEA "conspiraron para desplegar al menos tres informantes encubiertos para grabar subrepticiamente a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un narco-Estado", según informa AP.
Sobre este tema, el analista español Fernando Casado afirmó que "el expediente del narco-Estado fue una de las líneas de ataque contra Venezuela […] para justificar la imposición de unas sanciones económicas", que fueron recrudeciéndose a partir de la llegada de Maduro a Miraflores, en 2014.
El también docente y licenciado en Derecho recuerda que en 2015 la prensa estadounidense y europea publicó que altos cargos del Gobierno venezolano estaban implicados en el tráfico de cocaína, sin mostrar pruebas. Según esos medios, la cúpula del chavismo era parte del llamado Cartel delos Solres, lo que el autor califica como una "fábula" rodeada de afirmaciones inconsistentes.
La información supuestamente había sido facilitada a la DEA por alguien del Gobierno venezolano durante la Administración de Barack Obama, quien en 2015 declaró a Venezuela como una "amenaza extraordinaria e inusual" para la seguridad y política exterior estadounidense. Este fue empujón inicial para la aplicación sistemática de sanciones, que ya acumulan 932.
Un lustro después, siguiendo la línea del "narco-Estado", el fiscal general de EE.UU., William Barr, presentó cargos formales de narcoterrorismo, tráfico de armas y corrupción contra Maduro y otros 13 altos funcionarios.
En el contexto de esa medida, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto o procesamiento del jefe de Estado venezolano.
El plan secreto contra Venezuela
AP sostiene en su investigación que el plan desarrollado por la DEA "parecía hacer caso omiso de las leyes venezolanas e internacionales". Sin embargo, a pesar de esa irregularidad jurídica se pidió la aprobación del Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC, por sus siglas en inglés), al que pertenecen altos funcionarios del Departamento de Estado y de Justicia, que está "reservado para los casos más delicados de la DEA que implican consideraciones éticas, legales o de política exterior".
Según el artículo, en ninguna de las acusaciones contra venezolanos, "ni antes ni después del memorando de 2018, se hacía mención alguna al espionaje estadounidense". Además, en el memorando de la DEA se establecía que "para limitar o mitigar la exposición de las actividades unilaterales", los funcionarios de la agencia estadounidense debían "proteger a sus informantes y reducir las reuniones en persona con los objetivos".
Según el citado medio estadounidense, los expertos jurídicos afirman que ninguna corte o tribunal internacional "tiene jurisdicción para exigir responsabilidades al gobierno del país norteamericano o a sus agentes por acciones policiales encubiertas en otros países", a lo que se suma que la Corte Suprema de Estados Unidos "ha confirmado las detenciones y las pruebas recogidas en tales misiones".
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