Una detenida y un deportado, las víctimas argentinas de Trump

Daniela Vargas fue detenida poco después de participar en una conferencia de prensa en la que exhortó al presidente Donald Trump a proteger a personas en su condición.

La joven es una “dreamer”, tal como se conoce en Estados Unidos a los jóvenes extranjeros indocumentados que llegaron a ese país de manera irregular y que han vivido y crecido allí.

Fue detenida por agentes del ICE que obligaron a una amiga a detener su vehículo en una autopista cuando la llevaba.

Poco antes, la chica había estado con una coalición de miembros del clero, abogados de derechos civiles y defensores de inmigrantes en el Ayuntamiento de Jackson, Mississippi, informó Nathan Elmore, uno de sus abogados.

“Una vía a la ciudadanía es necesaria para los destinatarios de la DACA (siglas en inglés del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), pero también para las otras 11 millones de personas indocumentadas con sueños”, declaró Vargas en referencia al programa que fue promulgado por el presidente Barack Obama y que Trump ha insinuado que mantendrá.

El más reciente estatus de Vargas en el programa DACA venció en noviembre de 2016, y ella entregó la solicitud para renovarlo a mediados de febrero, una vez que pagó la cuota de solicitud de 495 dólares.

En un par de ocasiones anteriores había recibido una protección de dos años, en diciembre de 2012 y en noviembre de 2014, afirmó Abigail Peterson, otra de sus abogadas.

Su padre, Daniel, de 55 años, y su hermano, Alan, de 26, fueron detenidos a mediados del mes pasado afuera de su casa en la ciudad de Jackson, en el estado de Mississippi cuando iban a trabajar.

Al igual que ella, los padres estaban en el país sin autorización legal.

Daniela se ocultó durante horas en un armario, hasta que los agentes la encontraron y la esposaron, aunque luego fue liberada.

Tras el episodio en el que fueron detenidos sus padres, la joven manifestó: “Temí por mi vida”.

Un vocero de ICE, Thomas Byrd, dijo a la prensa que la detención de Daniel y Alan formó parte de las “operaciones de aplicación de la ley” de la agencia migratoria.

Daniela tenía siete años cuando junto con su familia dejó Córdoba en medio de la fuerte crisis económica que estalló con la quiebra financiera de fines de 2001 y llegaron a Estados Unidos con visas de turistas.

Cuando las visados expiraron se quedaron a vivir en los Estados Unidos, pero luego sus padres se divorciaron.

Ella culminó sus estudios de secundaria en 2013, se matriculó en un colegio comunitario e inició sus estudios en la Universidad del Sur de Mississippi, con el propósito de convertirse en profesora de matemáticas.

Al haber llegado cuando era una niña, Daniela calificó para el programa de acción diferida que el gobierno de Barack Obama implementó por decreto para los “dreamers”.

Vargas se anotó en el programa, que otorga un permiso de residencia y de trabajo temporal.

Ese permiso ya expiró, y ahora ella espera por la aprobación de la renovación.

Su abogada indicó que explicó su situación a ICE, pero le dijeron que debía permanecer detenida.

Trump ha ampliado el universo de extranjeros indocumentados sujetos a deportación al ordenar a las agencias de seguridad que deporten no sólo a criminales condenados por un delito serio, sino también a personas acusadas por delitos menores, incluso si están sospechadas o acusadas de haber cometido un delito, sin haber sido condenadas.

Por otro lado, el galerista y curador porteño Juan García Mosqueda, quien reside en forma legal en los Estados Unidos hace 10 años, calificó de “deshumanizante y degradante” la situación que tuvo que vivir la semana pasada cuando le negaron el ingreso a aquel país y lo deportaron a Buenos Aires.

El artista tenía previsto supervisar este jueves la apertura de una nueva exposición de su galería Chamber NYC.

El viernes pasado, García Mosqueda llegó al aeropuerto neoyorquino JFK, donde fue detenido y llevado a una sala para ser interrogado.

“Me interrogaron bajo juramento, me amenazaron con prohibirme la entrada al país durante cinco años y me negaron el derecho a un abogado”, señaló.

En una carta difundida por las redes sociales, el galerista se refirió al episodio y expresó: “Esta pesadilla de treinta y seis horas es nada más que una clara evidencia de un sistema de inmigración profundamente defectuoso en los Estados Unidos, llevado a cabo por una administración que está más interesada en la expulsión de las personas que en admitirlas”.

El hombre relató que fue escoltado por dos agentes armados directamente al avión y que le negaron sus documentos hasta que llegó a Buenos Aires.