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A través de un decreto, declaró el Estado de Conmoción Exterior. Fundamentó la medida en la crisis desatada tras la captura de Nicolás Maduro. La medida tiene una vigencia inicial de 90 días.
Venezuela ingresó en una nueva etapa de excepcionalidad institucional tras la publicación en la Gaceta Oficial del decreto de Estado de Conmoción Exterior, una medida que amplía de forma extraordinaria las facultades del Poder Ejecutivo y ordena la detención de personas que respalden la ofensiva militar de Estados Unidos. El gobierno chavista fundamentó esta decisión en la crisis desatada luego de la detención de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, donde este lunes compareció ante un tribunal.
El decreto, fechado el sábado y divulgado oficialmente en las últimas horas, tiene rango de ley, una vigencia inicial de 90 días y la posibilidad de ser prorrogado por un período equivalente. El documento lleva la firma de Maduro y fue refrendado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió funciones tras la captura del exmandatario.
Uno de los ejes centrales de la norma ordena a los cuerpos de seguridad nacionales, estadales y municipales identificar y detener a quienes sean acusados de promover o apoyar la acción militar estadounidense. Para ello, el decreto instruye a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata en todo el territorio nacional con fines de procesamiento penal.
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La norma ordena a los cuerpos de seguridad identificar y detener a quienes apoyen la acción militar de Estados Unidos.
La activación del estado de conmoción exterior ocurre en un contexto de confrontación directa con Washington, luego de que Estados Unidos llevara a cabo la detención de Maduro durante una operación militar. Si bien la posibilidad de declarar este régimen excepcional había sido anticipada meses atrás, el contenido final del decreto fue ajustado tras los acontecimientos ocurridos el último fin de semana.
Entre las disposiciones más relevantes, la medida establece la militarización de sectores estratégicos del país, como los servicios públicos, la industria petrolera y otras áreas clave del Estado. El personal que se desempeña en estos ámbitos quedará temporalmente sujeto a un régimen militar, reforzando el control de las Fuerzas Armadas sobre actividades esenciales.
El decreto también faculta al Ejecutivo a requisar bienes, suspender derechos como la reunión y la manifestación pública, y adoptar cualquier otra acción que considere necesaria para la defensa nacional. Aunque el texto asegura el respeto de derechos fundamentales como la vida y la libertad personal, reconoce explícitamente la posibilidad de restringir garantías constitucionales durante su vigencia.
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Es la primera vez que Venezuela activa el estado de conmoción exterior desde la entrada en vigor de la Constitución de 1999, un hecho que pone de relieve la magnitud del quiebre institucional. La medida se sustenta además en leyes aprobadas en años recientes que penalizan el apoyo a sanciones internacionales o a acciones consideradas como “daño extranjero”.
Desde el punto de vista institucional, el decreto puede ser revisado por la Asamblea Nacional o por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, ambos organismos permanecen bajo control del chavismo, lo que reduce significativamente la existencia de contrapesos efectivos.
En un clima marcado por la tensión política, la militarización y las restricciones, el Gobierno llamó a la población a defender al país con “fervor patriótico”. La entrada en vigor del estado de excepción anticipa un período de mayor control político y social en Venezuela, cuyo alcance dependerá tanto de su duración como de la aplicación concreta de las medidas en el territorio.
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