El acusado enfrenta una pena de 2 a 6 años de cárcel, ya que al momento de los hechos tenía 16 años y ahora 18. La comuna avanzará contra los responsables identificados con una demanda civil y económica.

Luego del fallo de la Justicia moronense que obligó a un joven responsable de amenazas de bomba en escuelas a cumplir tareas comunitarias y abonar la suma de 60 mil pesos, ahora la Municipalidad de Tres de Febrero se presentó como particular damnificado y llevó a juicio oral una causa por los mismos delitos en el distrito.

En la primera audiencia llevada a cabo en el Juzgado de Responsabilidad Juvenil 2 del Tribunal de San Martín -a cargo del fiscal Mateo Guidoni- contra un menor que habría realizado amenazas en 2017 en una escuela de Ciudad Jardín Lomas del Palomar, declararon autoridades del establecimiento, personal policial, miembros de la Brigada Antibombas de San Martín, y funcionarios de las carteras de Seguridad, Educación, y Legal y Técnica de la municipalidad.

El joven acusado enfrenta una pena de 2 a 6 años de prisión debido a que al momento del delito era un menor de 16 años y ahora ya tiene 18.

"Los estudiantes deben saber que con estas actitudes generan un daño muy grande a la comunidad educativa y también a sus propias vidas y la de sus compañeros y compañeras, desvalorizando la mejor oportunidad con que cuentan para construir su futuro, que es la educación", afirmó el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

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Se informó que la comuna avanzará judicialmente contra los responsables ya identificados, o sus padres cuando esos responsables identificados sean menores de edad, mediante una demanda civil y económica equivalente a los gastos que estas falsas alarmas generan al erario público (movimiento de equipos de seguridad, emergencias y Defensa Civil).

En este contexto, el jefe comunal se reunió con el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, con el propósito de solicitarle se profundice la investigación en los colegios Inmaculada Concepción y Padre Elizalde, de Ciudadela, que están siendo especialmente golpeados por este tipo de delitos.

En marzo, la Justicia moronense determinó que uno de los jóvenes que efectuaron amenazas de bomba en escuelas del distrito el año pasado pague la suma de 60 mil pesos, además de realizar tareas comunitarias y entregar al Estado una computadora y un celular de alta gama.

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