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María Eugenia Vidal promulgó la ley en abril pasado, pero hubo obstáculos con los empresarios por la inversión para los equipos. Antes de fin de año pasado todas las flotas iban a tener cuatro por unidad. Una reglamentación que deambula entre la aceptación y el rechazo
La muerte de Leandro Alcaraz el 15 de abril del año pasado fue un terremoto. Su asesinato, ocurrido cerca de las 17 de ese domingo en Virrey del Pino, La Matanza, provocó al día siguiente un paro de 24 horas que paralizó a todas las líneas de colectivos bonaerenses. No iba a ser el comienzo de una semana más.
SIETE DÍAS TENSOS
Desde las seis de mañana y por siete días, el plano mediático giró en torno a una muerte que tuvo los aditamentos necesarios para ser expandida y consumida con bronca: menores de edad, adolescentes, narcos, una bala, sangre y la injusticia cotidiana. Mientras la familia y los compañeros de trabajo lloraban con el pedido de "Justicia por Leandro", la televisión preparaba informes al estilo "cómo es viajar en la línea 620" -Canal 9, Telefé y El Trece-, Baby Etchecopar se enfurecía desde Radio 10 con Mauricio Macri y Patricia Bullrich -"¡Son cagones y no tienen huevos!"- e incluso Mirtha Legrand invitó a trabajadores de la línea a un almuerzo de domingo.
Pero esa explosión desde los medios alcanzó a una candente esfera política. Verónica Magario, la intendenta del partido, realizó una conferencia de prensa paralela al velorio y apuntó a María Eugenia Vidal: "La responsabilidad en estos momentos le compete a la gobernadora". "Esto no puede ser parte de un debate político ni de una pelea", retrucó Bullrich desde A24. Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense, devolvió: "Mientras hace una conferencia paralela al velorio, nosotros trabajamos y detuvimos a los presuntos responsables del crimen de Leandro". En diálogo con América 24, Vidal prefirió desactivar todo: "La seguridad es responsabilidad de todos los que gobernamos”.
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REUNIONES, CÁMARAS Y DECRETOS
Durante la jornada de paro, el ministro Ritondo llamó a una conferencia de prensa para anunciar la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos de la Provincia “para fortalecer la seguridad de los trabajadores y los pasajeros”. Mediante créditos blandos del Banco Provincia -con un financiamiento de hasta 48 días-, en tres meses la medida iba a abarcar a las unidades de recorrido nocturno y en 180 a todas las flotas. En total 9000 colectivos: 5000 provinciales, y 4000 líneas municipales. Las empresas tenían que hacerse cargo del sistema de monitoreo y no del posterior archivo, cuyo almacenamiento y cuidado quedaba en manos del Poder Judicial. "Antes de fin de año todos los colectivos deberían tener colocadas las cámaras", se aventuró el funcionario.
A las 17 de ese mismo día, en la sede del Ejecutivo provincial, María Eugenia Vidal mantuvo una reunión de urgencia con la cúpula de la Unión Tranviarios Automotor -UTA- y cámaras empresarias del transporte bonaerense para discutir el plan y posibles reformas a una ley que fue sancionada por ex gobernador Daniel Scioli en 2016 -ley 14.897- pero que nunca había entrado en vigencia plena por varios factores, los mismos que se discutieron aquella tarde y los mismos por los que se iba a discutir en los meses siguientes. Vidal iba a reglamentarla igual. Fue el decreto 342/18.
"Los empresarios se durmieron, lamentablemente tuvo que suceder la pérdida de un compañero de 26 años", sintetizó Roberto Fernández, secretario general de la UTA. Pero para Daniel Héctor Millaci, presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros -CEAP-, que estuvo en varias ocasiones reunido con la gobernadora, no es así: "Las empresas no se pueden hacer cargo, es muy costoso, muy caro. Son, al menos, cuatro cámaras por colectivo. Además, claro, se requiere la instalación, que es otro costo".
En diálogo con POPULAR, sostiene que siempre plantearon que "de la estructura de costos se tenía que hacer cargo la Provincia" porque "las imágenes no las iban a tener nunca las empresas, entonces no se entiende cuál es la participación más que aportar los colectivos".
"Los legisladores se apuraron, no sabían muy bien cómo es el tema de la estructura de costos y cómo se manejan las empresas porque lo sacaron así, en un par de días", critica Millaci. "Pero luego hubo avances y ahora se encarga la gobernación", afirma.
AVANCES
Luego de varios encuentros entre las partes, la resolución fue publicada el 2 de noviembre en el Boletín Oficial bonaerense. La administración se encarga de proporcionar e instalar los equipos, cuyas imágenes convergen a un Centro de Monitoreo.
"Los créditos nunca aparecieron. A nosotros nos las instaló la Provincia hace más o menos una semana, pero no en todas", remarca Roberto Ciccioli, presidente de la empresa Transportes Ideal San Justo S.A., a este medio, y agrega: "No es claro todavía, porque no nos dijeron quién se ocupa del resto y si van a seguir instalando.Nosotros tenemos 620 coches y hay en unos 20".
En julio de 2008, Hernán Encina, chofer de la línea 96 de la firma Transportes Ideal San Justo S.A, falleció por un intento de robo. Ciccioli considera: "Las cámaras pueden servir para identificar a los ladrones, pero no van a parar los robos o asesinatos. Hay que tener en cuenta que los ladrones se pueden poner una máscara para taparse la cara y listo".
Según se pudo averiguar, desde la cartera dirigida por Ritondo se diseñó un mapa con zonas de riesgo. Si un colectivo pasa por allí se le debe instalar cámaras.
En varios intentos para chequear datos y consultar dudas al respecto -como qué se considera zona de riesgo-, POPULAR se intentó comunicar con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Subsecretaría de Transporte pero nunca emitieron respuesta alguna. Sólo solicitudes de envíos de e-mails y "seguimientos de pedidos" sin retorno, más algún mensaje por Whatsapp que nunca fue contestado a pesar del "visto".
Antonio Petkovsek, delegado de la línea 620 en la que trabajaba Alcaraz, asegura a este medio que no cree que "las cosas vayan a cambiar con una cámara".
"Es sólo una sensación. Una cámara filmando no va a impedir que nos vengan a robar", concluye.
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