Sindicatos portuarios advirtieron sobre supuestos documentos oficiales que podrían oficializarse antes del 10 de diciembre. En Casa Rosada, en tanto, negaron la transferencia del predio a la Ciudad de Buenos Aires

Sindicatos portuarios volvieron a la carga con las denuncias contra funcionarios ante supuestas maniobras para normalizar la Administración General de Puertos luego de 30 años, como paso previo del traspaso del Puerto de Buenos Aires al gobierno porteño y advirtieron sobre supuestos documentos oficiales que podrían oficializarse antes del 10 de diciembre próximo ante un eventual cambio de signo del Ejecutivo nacional. En Casa Rosada, en tanto, sólo concedieron que hay una idea de salir de la intervención del organismo portuario, pero negaron la transferencia del predio a la Ciudad.

En septiembre pasado el PJ nacional había advertido sobre la posibilidad de una transferencia de último momento del principal puerto federal y luego gremios portuarios realizaron una denuncia penal para evitar estas maniobras.

Ayer Leanardo Salom, secretario del gremio APDFA (jerárquicos de trenes y puertos), presentó una ampliatoria a la denuncia judicial contra las autoridades del Puerto de Buenos Aires, ante la sospecha que puedan crear una estructura que asegure su continuidad luego del posible cambio de gobierno con el objetivo de transferir el predio a la órbita porteña. En el marco de la denuncia penal contra la Agencia de Bienes del Estado (Aabe), APDFA, realizó ayer una ampliación de la denuncia penal a las autoridades de la Administración General de Puertos (AGP) -por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otros-, ante la sospecha que buscan modificar la estructura de la empresa, vía decreto presidencial, y crear un Directorio que garantice su continuidad en el control del Puerto Buenos Aires ante un eventual cambio de gobierno el próximo 10 de diciembre y luego intenten transferirlo la órbita del gobierno porteño.

Lo cierto es que la denuncia de ayer busca que la justicia dicte una una medida de no innovar sobre el estatus jurídico de la AGP. Es que en el sindicato sostienen que la intención de las autoridades del organismo "sería nombrar directores afines con mandato por 3 años, que garantizarían el manejo del proceso de licitación de las terminales portuarias, la privatización de los terrenos portuarios de Puerto Sur y la Isla Demarchi para fines inmobiliarios y la transferencia del Puerto Buenos Aires -único puerto federal- al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

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Desde el gobierno nacional, en tanto, sólo concedieron que "con los números de los balances regularizados, está el proyecto para normalizar la AGP y regularizar su situación ya que no se justifica la intervención", aunque negaron que esté analizándose el traspaso de jurisdicción. "Vemos que mezclan todo: la licitación de las terminales está en marcha. Pero es falsa la supuesta venta de terrenos de Isla de De Marchi que no depende de la autoridad portuaria sino de Vías Navegables", advirtieron.

Es que el en el sector portuario circulan proyectos de decretos para terminar con la intervención de la AGP, originada con las privatizaciones de los años °90, y crear en su lugar una nueva entidad denominada "Puerto de Buenos Aires Sociedad del Estado" -de orden nacional- como paso previo para una eventual transferencia al gobierno porteño. Es que dicha transferencia es un viejo reclamo de la Ciudad desde que logró su autonomía en 1996.

Uno de los documentos sería un supuesto "proyecto de elevación" destinado al titular de Transporte, Guillermo Dietrich, área de donde depende la AGP, para que lo rubrique y lo destine a Presidencia. Desde el gobierno admitieron que están evaluando la legitimidad de esos documentos ante la sospecha que sean falsos.

El texto incluye un supuesto un convenio de transferencia del puerto de Buenos Aires y actividades portuarias entre el estado nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Que, con el propósito de asegurar la normal continuidad en el desarrollo de las actividades del Puerto de Buenos Aires, el mecanismo administrativo que mejor se adapta a esa finalidad es la transferencia gratuita de la totalidad del Capital Social de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO a LA CIUDAD, con todos sus derechos y obligaciones, conforme el artículo 4o de la Ley N° 20.705", indica el documento.

"El objetivo de levantar la intervención es luego pasarle el puerto a la Ciudad y entonces la Ciudad con todas las tierras en su poder comenzar a hacer los negocios inmobiliarios", disparó, a su turno, Salom.

En la actualidad hay una licitación en marcha de las terminales del principal puerto argentino, cuya apertura de sobres está prevista para el 2 de diciembre, que prevé ponerlas bajo la conducción de un solo concesionario. Según informó la AGP, para este año el organismo tiene proyectado recaudar por la explotación del puerto porteño unos $4216 millones diferenciado en el cobro de tasas y aranceles e ingresos por servicios.

Otra versión que circula fuerte es el traspaso a la órbita porteña de la secretaría de Salud nacional que controla la actividad de las farmacias en la Ciudad. Un vocero de la cartera conducida por Adolfo Rubinstein indicó a este medio que "hace tiempo que se está trabajando en la regulación como tienen todas las jurisdicciones del país que depende de cada distrito" pero no confirmó que si la medida se va a implementar antes del próximo 10 de diciembre.

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