La familia de Pablo Nicolás Plaul, el chico de 17 años que murió electrocutado en un hotel de la ciudad misionera de Puerto Iguazú durante un viaje de estudios y solidario en octubre de 2006, adelantó que ampliará la denuncia contra el Estado argentino por la “falta de justicia” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde ya tiene efectuada una presentación, luego de agotar todas las instancias a nivel nacional y ser rechazado su último recurso por la Corte Suprema.
Con los 12 años transcurridos, “en la búsqueda de responsabilidades hay una extensa cadena de impunidad que fue creciendo”, En tal sentido, se apuntó a fiscales y jueces de la provincia de Misiones, como a funcionarios del Municipio de Puerto Iguazú, las autoridades del Instituto Parroquial y el Obispado de San Justo y la empresa que organizó el viaje. También la crítica incluye a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debido a que denegó un segundo pedido de reconsideración del caso.
En conferencia de prensa, brindada en la sede del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), los padres de la víctima, Beatriz Manzelli y Héctor Plaul, junto al abogado de la familia Alejandro Bois y el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, Pablo Pimentel, recordaron que en el expediente quedó determinado que “las instalaciones del hotel Raíces que albergó a la delegación estaban sin terminar y habilitadas parcialmente, en tanto que la empresa Proterra, organizadora del viaje, incurrió en serias irregularidades” y como consecuencia directa de ello, “el fiscal Alejandro Néstor Monzón procesó a Ricardo Omar Ayala, empresario del complejo hotelero, por “homicidio culposo”, aunque luego, con la misma prueba, se lo desprocesó. En primer lugar intervino el juez José Pablo Rivero, luego el juez subrogante Ricardo Rubén Gerometta, ambos del Juzgado de Instrucción Nro. 3 de Iguazú, III Circunscripción Judicial de Misiones, a cargo de Juan Pablo Fernández Rizzi.
“No hemos logrado justicia. En este camino, recurrimos a la máxima instancia del sistema que es la Corte Suprema, pero ésta rechazó un recurso extraordinario por considerarlo inadmisible”, sostuvo Héctor Plaul, en declaraciones al sitio ElFurgón.com.ar, en tanto, su esposa Beatriz Manzelli manifestó que “tras doce años de impunidad, la justicia se diluye por el paso del tiempo y es muy difícil seguir con todo esto, aunque no bajaremos los brazos”. Mientras que el abogado Alejandro Bois sobre la ampliación de la denuncia, sostuvo que “acá no se respetó el derecho a la vida y esta causa es una colección de barbaridades jurídicas. Todo lo que marcamos generará un pronunciamiento de la CIDH y ojalá este caso genere una doctrina que garantice los procesos judiciales para todos los ciudadanos”.
Cabe recordar que Pablo Plaul integraba una delegación de estudiantes del Instituto Parroquial San Justo que realizaba un viaje de estudios y solidario en apoyo a la comunidad Mbororé y mientras jugaba al voley en el hotel donde se alojaban, se apoyó en una farola y recibió una descarga eléctrica mortal. Sus familiares y amigos nunca dejaron de reclamar por la condena a los responsables, concretaron marchas y otras actividades, pero nunca encontraron justicia.
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