El Gobierno envió los proyectos de reforma de Salud Mental y Discapacidad al Senado

La decisión fue tomada tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada, de la que participaron Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. El oficialismo apuesta a iniciar el tratamiento en el Senado, donde cuenta con mayor respaldo, y luego avanzar en Diputados.

En paralelo, el Ejecutivo busca retomar la iniciativa legislativa antes del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese marco, también analiza acelerar el tratamiento de otros proyectos, como la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la denominada “Hojarasca”.

karina-milei-y-martin-menem

La estrategia contempla avanzar con el proyecto Hojarasca en comisión el martes y, de no surgir obstáculos, llevarlo al recinto al día siguiente. En cuanto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen por diferencias con sectores de la oposición dialoguista. Su tratamiento en el recinto se proyecta recién para mayo.

¿Qué busca cambiar la nueva Ley de Salud Mental que envió el Gobierno?

La reforma de la Ley de Salud Mental plantea cambios estructurales en el sistema vigente. El proyecto modifica la Ley Nº 26.657, la Ley Nº 26.827 que regula el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y artículos del Código Civil y Comercial, con el argumento de corregir dificultades interpretativas y reforzar la capacidad de intervención del sistema sanitario.

Uno de los ejes centrales es la ampliación del objeto de la norma. El texto propone incorporar de manera explícita la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, la recuperación y la inclusión comunitaria dentro del abordaje de la salud mental, dejando atrás una definición más acotada.

1775578150_md.webp

En ese marco, el proyecto otorga mayor protagonismo a la psiquiatría dentro de los equipos interdisciplinarios. Se establece que en todas las instancias clave deberá intervenir al menos un médico psiquiatra, lo que implica un cambio en la conducción de las políticas públicas en la materia.

El abordaje de las adicciones también es incorporado como parte integral de las políticas de salud mental. La iniciativa dispone que los consumos problemáticos deben ser tratados según la situación particular de cada persona y habilita a la autoridad de aplicación a definir dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación.

El punto más sensible del proyecto es la modificación del régimen de internaciones involuntarias. Se reemplaza el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, con el objetivo de ampliar los criterios de intervención y evitar zonas grises en la interpretación.

Además, se establecen nuevos requisitos para estas internaciones, como la necesidad de dictámenes profesionales y la posibilidad excepcional de que un solo médico disponga la medida en situaciones urgentes, con revisión posterior. También se redefine el control judicial, fijando plazos para la intervención de los jueces y otorgando mayor margen de acción a los equipos de salud.

ADEMÁS: Javier Milei viajó a Israel por tercera vez: cuál será su agenda de actividades

La iniciativa habilita, a su vez, la participación de hospitales especializados en psiquiatría e instituciones privadas dentro del sistema de internación, siempre bajo determinadas condiciones. En paralelo, introduce cambios en el Código Civil y Comercial para unificar criterios legales y en la normativa del Mecanismo de Prevención de la Tortura, donde se exige la intervención de equipos interdisciplinarios con presencia obligatoria de un psiquiatra en las inspecciones.

Con este paquete de reformas, el Gobierno busca instalar nuevamente su agenda en el Congreso y avanzar en modificaciones de fondo en áreas sensibles, en un escenario legislativo donde todavía necesita consolidar acuerdos para garantizar la aprobación de sus proyectos.