Un concejal de La Libertad Avanza presentó una denuncia penal para que se investigue la continuidad del tributo creado en 2020, y pidió al Concejo Deliberante que elimine la normativa.
El intendente de Morón, Lucas Ghi, fue denunciado penalmente por la continuidad del cobro de la Tasa para Estudio y Prevención Epidemiológica (TEPE), conocida como la tasa COVID, creada durante la emergencia sanitaria de 2020. La presentación fue realizada por el concejal de La Libertad Avanza (LLA) Pablo Ezequiel Tozzi, quien solicitó que la Justicia investigue la aplicación del tributo y las responsabilidades de los funcionarios municipales involucrados.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de Morón y alcanza al jefe comunal y a los integrantes del Departamento Ejecutivo que hayan participado en la reglamentación, liquidación, percepción y administración de la tasa.
En paralelo, Tozzi impulsó un pedido en el Concejo Deliberante para derogar la ordenanza que establece el gravamen y de esta manera, avanzar por dos vías: una investigación judicial sobre el cobro y la revisión legislativa de la normativa que lo autoriza.
El planteo del concejal se apoya en tres puntos. El primero es la continuidad del tributo pese a que finalizó la emergencia sanitaria que justificó su creación. Según sostiene Tozzi, no estaría acreditada la prestación de un servicio concreto, efectivo e individualizado que justifique que los contribuyentes continúen abonándolo.
El segundo aspecto apunta a los importes exigidos. La presentación solicita que se examine si los montos efectivamente cobrados se corresponden con los establecidos y autorizados por la ordenanza tributaria municipal.
Por último, el concejal pidió investigar cuál fue el destino de los fondos recaudados mediante este concepto y cómo fueron administrados por el gobierno local.
El escrito solicita que se analice si los hechos denunciados podrían encuadrarse en alguna de las figuras contempladas en el Título XI del Libro Segundo del Código Penal, referido a los delitos contra la administración pública.
Sin embargo, la presentación judicial no implica que se hayan comprobado irregularidades ni que exista una resolución que atribuya responsabilidad penal al intendente o a otros funcionarios. Será la investigación la que determine si corresponde avanzar con alguna imputación.
La Tasa para Estudio y Prevención Epidemiológica fue aprobada por el Concejo Deliberante de Morón en julio de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus.
En aquel momento, el gravamen fue establecido para afrontar gastos vinculados con la crisis sanitaria y económica. Su aplicación alcanzaba a determinados establecimientos de grandes superficies que habían permanecido abiertos durante las restricciones de circulación y actividad comercial.
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En febrero de 2025, el diputado nacional del PRO Martín Yeza también había señalado que el municipio mantenía una tasa vinculada con el COVID-19. Además de recurrir a la Justicia, el concejal libertario presentó una iniciativa para que el cuerpo legislativo municipal derogue la ordenanza que creó la TEPE.
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