Doble crimen denunciado como gatillo fácil, sin imputados

David Ezequiel Campos y Emanuel Alejandro Medina volvían de una larga noche de diversión en un Volkswagen Up en la mañana del pasado 23 de junio y se supone que al intentar evitar un control, un efectivo de una brigada motorizada emitió un alerta, para dar inicio a una persecución, en la que el auto fue baleado hasta que terminó impactando contra un auto, luego de un largo recorrido. En ese momento, desde varios móviles policiales, ambos jóvenes resultaron virtualmente acribillados y de inmediato, se instaló la “versión oficial” del enfrentamiento armado, de que los fallecidos habían protagonizado un raid delictivo y que portaban dos pistolas.

Con el correr de las horas, todo se transformó en confusión, pues nada de lo señalado en las declaraciones de los uniformados que participaron del inusual procedimiento tenía correlato con las pruebas recabadas por los peritos de Policía Federal Argentina que fueron puestos a trabajar en el caso por el fiscal Adrián Spelta. Al mismo tiempo, familiares y vecinos de Campos y Medina salieron a desmentir que fueran ladrones, ya que ambos trabajaban, carecían de antecedentes penales, el coche estaba a nombre de uno de ellos y las armas que les secuestraron eran viejas y no estaban aptas para el disparo, abonando la teoría de que les fueron “plantadas”. En los días siguientes, la sensación que la investigación apuntaba a establecer el accionar negligente de los policías, a los que se llamó a declarar, al mismo tiempo que se secuestraron sus armas reglamentarias y teléfonos celulares. Un total de 19 efectivos quedaron en la mira por este episodio, ya denunciado como un caso de violencia institucional. No obstante, desde el gobierno de Santa Fe aclararon que debían determinarse las responsabilidades para tomar alguna medida, tal como la exoneración de los involucrados, mientras el proceso transcurría en el pedido de una serie de pruebas.

Las familias de Emanuel Medina y David Campos empezaron a movilizarse frente al aplazamiento en la toma de decisiones en el expediente y vienen reclamando para que se agilice la investigación “que todavía no tiene detenidos”, sobre todo cuando acaba de anexarse a la causa que un comisario y su chofer estuvieron en la escena del doble crimen, sin que esta presencia haya quedado registrada en la instrucción del caso. Además, el contacto con el fiscal Spelta dejó de ser fluido, argumentándose cuestiones inherentes al parate por la feria judicial, mientras los funcionarios, en la figura del ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro, también quedaron en la mira por sus dichos públicos de cierta ambigüedad, en relación al desempeño de los efectivos sospechados.

Por las pruebas recolectadas, de los 21 investigados pertenecientes al Comando Radioeléctrico y la división Policía de Acción Táctica, habría cinco de ellos “muy complicados” según denuncian los familiares de las víctimas, pero aún no se les formuló imputación alguna, “a pesar de que pasó más de un mes, seguimos esperando y no tenemos respuestas. Acá hubo un fusilamiento”. Las abogadas Luciana Torres y Marcia López, que están asistiendo a los padres de las víctimas y forman parte de la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario, se reunirán en estos días con el fiscal para saber de cerca sobre la marcha de la investigación. Al respecto, en declaraciones periodísticas, Spelta reconoció que “se están llevando a cabo algunas medidas. Por un lado, en el CONICET se está haciendo el barrido electrónico para ver si existe pólvora en las manos de las víctimas y en Salta se está analizando la muestra de sangre de los efectivos para determinar si tenían sustancias en su interior. Además, la Policía Federal está haciendo la pericia balística y resta la información de los celulares que se secuestraron”.