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La investigación se inició tras una alerta del FBI por mensajes antisemitas y de odio en redes sociales, hubo allanamientos en La Quiaca y el conurbano bonaerense, con secuestro de armas, municiones y simbología nazi.
Una posible masacre escolar planificada por dos menores de edad fue frustrada gracias a una investigación judicial que se inició a partir de una alerta internacional del FBI. El organismo estadounidense advirtió sobre mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial difundidos en redes sociales, en los que los usuarios manifestaban intenciones concretas de atacar establecimientos educativos en las provincias de Jujuy y Buenos Aires.
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La causa comenzó en julio del año pasado y quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), encabezada por el fiscal Horacio Azzolin, que encomendó las tareas investigativas al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina. Mediante técnicas de inteligencia digital y uso de herramientas OSINT, los investigadores lograron identificar a los sospechosos, dos menores de edad, uno con domicilio en La Quiaca y otro en la ciudad bonaerense de Miramar.
A partir del avance de la pesquisa, se detectaron además otros dos domicilios vinculados a la planificación de los ataques, ubicados en los partidos de Quilmes y San Martín. Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N.º 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó una serie de allanamientos, que contaron con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal La Quiaca.
Como resultado de los operativos, se secuestraron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación considerada de interés para la causa. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia en un expediente caratulado como “intimidación pública”.
El expediente quedó caratulado como “intimidación pública”.
Desde la Policía Federal Argentina advirtieron que este tipo de hechos no son aislados, ya que en los últimos dos años se registraron al menos 13 casos similares en el país, todos con menores involucrados. Las autoridades remarcaron la creciente preocupación por la radicalización juvenil a través de entornos digitales y destacaron la importancia de la detección temprana para evitar ataques contra objetivos sensibles como las escuelas.