Así lo reveló un informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema que estudió el caso de la joven abusada en Balvanera.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia evaluó que el caso de la joven venezolana de 18 años abusada en un comercio del barrio porteño de Balvanera conformó una "situación de altísimo riesgo psicofísico y emocional" para la víctima, afirmó que la chica sufrió "conductas no correspondidas ni deseadas" y advirtió en el imputado "rasgos perversos y una modalidad de acecho".

El informe destaca la "existencia de una clara violencia simbólica y sexual" por parte del imputado -que aún permanece en libertad-, Irineo Humberto Garzón Martínez, quien tomó "como un objeto" a la joven, "abusando de su dignidad y humillándola en su accionar".

También el organismo de la Corte Suprema hizo referencia a las marcas halladas en el cuerpo de la víctima, a los sentimientos de amenaza, humillación y vergüenza que padece tras el episodio y a la "interseccionalidad de vulnerabilidades" en función de su edad, género, condición económica, nivel de instrucción y su reciente llegada a la Argentina.

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El acusado de violar a la joven venezolana

El acusado de violar a la joven venezolana

Por eso, explicó que el "impacto subjetivo consecuente" producido en la joven posee una "sintomatología asociada a un cuadro de estrés postraumático", con "trastornos del sueño, presencia de pesadillas, ansiedad, conductas de aislamiento social, introspección, temor al afuera y prevalencia de sentimientos de culpa".

La OVD señaló también las características observadas en Irineo Humberto Garzón Martínez, que "con su accionar pregonaría un pensamiento estereotipado que sostendría el lugar de la mujer como un objeto a poseer" y "habría ejercido conductas similares con otras mujeres -evidenciando un patrón de comportamiento a repetición-", con "impunidad, rasgos perversos y una modalidad de acecho tendiente a lograr un objetivo".

Por esos motivos, la oficina que depende de la Corte Suprema recomendó, en primer lugar, que "se dicten las medidas que resguarden la seguridad personal de la joven, de sus datos personales y de su familia".

Por último, sugiere "que se active la protección integral y se ponga en perspectiva la gravedad de los hechos, logrando se sancione el accionar abusivo como forma de reparación subjetiva para la víctima", y que se lleve a cabo una evaluación psicodiagnóstica a Irineo Humberto Garzón Martínez para establecer qué "tratamientos acordes" deben aplicarse "previendo la reiteración de sus conductas para con otras jóvenes".

El hecho se registró el pasado 23 de enero, cuando la denunciante fue citada para realizar una entrevista laboral que había coordinado días antes por la red social Facebook.

Cuando la Policía ingresó al local, encontró a la joven en el fondo del comercio y el acusado, Irineo Humberto Garzón Martínez, estaba vistiéndola y poniéndole los pantalones.

La jueza Zucconi procesó al comerciante salteño por "abuso sexual agravado con acceso carnal", pero mantuvo la libertad del imputado, lo que fue apelado por dos fiscales y ocasionó las críticas hacia la magistrada e incluso un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura.

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