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La Cámara del Trabajo dejó sin efecto la suspensión de 82 artículos cuestionados por la CGT, mientras el Ejecutivo defendió los cambios y anticipó que continuará la disputa judicial.
El presidente Javier Milei celebró la revocación de la medida cautelar que había suspendido parte de la reforma laboral y afirmó que “no podrán detener el crecimiento del país”. La decisión judicial restablece la vigencia de los artículos cuestionados de la Ley de Modernización Laboral.
El fallo fue dictado por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dejó sin efecto la resolución previa que había frenado 82 artículos de la norma. La medida representa un respaldo al Gobierno en medio de la disputa judicial impulsada por la CGT.
A través de sus redes sociales, Milei destacó que la ley “sigue vigente” y compartió mensajes de funcionarios de su gabinete. Desde el oficialismo remarcaron que la resolución permite avanzar con las reformas impulsadas en materia laboral.
La cautelar había sido dictada a fines de marzo por el juez Raúl Ojeda, quien hizo lugar a un planteo de la CGT y suspendió la aplicación de varios puntos de la ley. La central obrera había argumentado que las modificaciones afectaban derechos adquiridos de los trabajadores, entre otras razones.
Entre los artículos alcanzados por la controversia se incluyen cambios en la jornada laboral, el régimen de indemnizaciones y el período de prueba, aspectos estos que forman parte del núcleo de la reforma que el Gobierno considera clave para dinamizar el empleo.
La Cámara revisó el recurso presentado por el Estado nacional y resolvió modificar su alcance, lo que permitió levantar la suspensión. La decisión fue adoptada por los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino.
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Desde el Ministerio de Capital Humano ya habían cuestionado los intentos de frenar la aplicación de la norma y defendieron la necesidad de avanzar con las reformas. En esa línea, sostienen que los cambios apuntan a modernizar el mercado laboral.
Pese al revés judicial, la CGT anticipó que continuará con las acciones legales para cuestionar la constitucionalidad de la ley, por lo que el conflicto entre el Gobierno y la central sindical sigue abierto y se trasladará a instancias judiciales superiores.
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