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La jueza técnica del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski afirmó que el veredicto contra César Sena y sus padres refleja la saturación de una sociedad que convivió durante años con el poder territorial y político del clan.
La jueza Dolly Fernández, encargada de conducir el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, afirmó que la condena dictada contra el clan Sena no solo expresa la resolución de uno de los casos criminales más conmocionantes del Chaco reciente, sino también “el hartazgo” de una sociedad que convivió durante años con el poder político y territorial de los acusados.
“Este veredicto es el resultado de un hartazgo social. La gente dijo basta”, sostuvo. En una entrevista televisiva tras conocerse el fallo, Fernández remarcó que el caso superó por completo el marco penal del femicidio.
ADEMÁS: Caso Cecilia Strzyzowski: condenan al clan Sena por el femicidio
“No era solo la condena por un delito aberrante contra una mujer. Había otras aristas. Los imputados eran figuras públicas, candidatos a cargos importantes”, explicó, al referirse a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, líderes sociales y políticos del oficialismo chaqueño al momento del crimen. Según la magistrada, esa influencia permitió el uso “mal utilizado” de recursos estatales y generó una estructura de impunidad sostenida por “muchas personas que colaboraron”.
El juicio, seguido con atención en todo el país, llegó a su fin tras más de un día de deliberación del jurado popular. Los doce integrantes declararon culpables a César Sena -por homicidio doblemente agravado por el vínculo y la violencia de género- y a sus padres, considerados partícipes primarios. Otros miembros del entorno recibieron condenas por encubrimiento, mientras que una de las imputadas, Griselda Reynoso, fue absuelta por decisión de la jueza.
La jueza elogió a los fiscales y al jurado
Fernández elogió el trabajo de los fiscales y del jurado, y destacó la responsabilidad con la que se encaró un proceso “muy complejo”, con siete acusados y distintas posibilidades de imputación. Consultada por el cuarto intermedio que había generado incertidumbre el viernes, aclaró que el jurado solo pidió revisar “unos videos, mensajes y un audio relacionado con Emerenciano Sena”. Subrayó además que las deliberaciones siempre se desarrollaron bajo el “secreto estricto” que exige la ley: “Nadie tenía acceso a sus conversaciones”.
La magistrada también se refirió al contexto social en el que ocurrió el femicidio, en junio de 2023, cuando Cecilia fue vista por última vez al ingresar a la casa de sus suegros y su cuerpo jamás apareció. “Estamos viviendo con frecuencia este tipo de delitos. El caso de Cecilia fue aberrante y terminó siendo la gota que rebalsó el vaso”, afirmó.
Falta de perspectiva de género
En ese sentido, Fernández cuestionó la falta de perspectiva de género dentro del sistema judicial chaqueño. “Muchas mujeres vienen a denunciar y no se las atiende como corresponde ni se les da la contención necesaria. Y luego terminamos en hechos más graves”, advirtió.
El veredicto cerró un proceso que expuso irregularidades, tensiones políticas y denuncias sobre el funcionamiento de las estructuras de poder en la provincia. Para Fernández, el impacto del fallo va más allá de la condena penal: “Representa el hartazgo de una sociedad que decidió poner un límite”.
Con el desenlace judicial ya marcado, la atención ahora se centra en las penas que deberán enfrentar los condenados y en el debate sobre cómo prevenir, en adelante, nuevos episodios de violencia extrema en un territorio que, según advierten especialistas, arrastra una problemática persistente.
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