Llevan a juicio la muerte de un joven en una granja de rehabilitación

Pablo Galfré, periodista de investigación y autor del libro “La Comunidad”, donde denunció las irregularidades que se cometían en ese centro terapéutico de la localidad de Derqui y que fuera recientemente clausurada por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, adelantó que “después de cuatro años y medio y doscientas y pico de fojas en el expediente, la causa por la muerte de Saulo Rojas fue elevada a juicio”, que si bien todavía no tiene fecha, ni Tribunal asignado, se sustanciará durante el próximo año.

De acuerdo a lo indicado, los imputados son Martín Iribarne Sartorio, Alejandro Jacinto y Angel Súñez, ya que la investigación desvinculó de la acusación a Sergio Rey, por entonces, psiquiatra de la Fundación San Camilo.

“Desde que está en vigencia la Ley de Salud Mental y Adicciones, en 2010, es la primera vez que una muerte dudosa en un contexto de encierro es elevada a juicio oral y público. Junto a Myriam Lucero, la madre de Saulo Rojas, sus abogados y los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, tras lograr el cierre de este manicomio, conseguimos que una causa de averiguación causales de muerte sea llamada por su verdadero nombre, lo que fue, un homicidio”, puntualizó Galfré.

En base a lo reconstruido por la Fiscalía de Pilar que llevó adelante la investigación, “el 14 de Junio de 2013, aproximadamente a las 20, quien cumplía la función de vigilador de la Fundación San Camilo, Angel Oscar Súñez, aisló en una habitación en construcción al paciente Saulo Josías Rojas, violando de tal forma el deber de cuidado que le era exigido, con una actuación deficitaria por no haber advertido que el nombrado poseía un elemento con el cual podía atentar contra su vida, esto es un cinturón”.

“Alrededor de las 20.15, utilizando el elemento ya referido, se colgó de las rejas de la ventana existente en la sala de aislamiento, perdiendo como consecuencia de ello su vida producto de un paro cardiorrespiratorio traumático”, agrega el expediente, en el que se detalla “que la conducta de Súñez fue llevada a cabo con conocimiento y aval del director terapéutico de la Fundación San Camilo, Jacinto Alejandro y del director general Martín Iribarne Sartorio, desde que los mismos no podían desconocer que la entidad funcionaba de manera irregular, porque no sólo alojaba más internos que aquellos que la habilitación permitía, sino porque contaba con rudimentarias condiciones edilicias”.