Mañana se conocerá la sentencia del juicio a los 25 imputados (doce civiles y trece policías acusados de integrar la banda) en causas por homicidios, encubrimiento, asociación ilícita y cohecho.

Un tribunal de Rosario dará a conocer mañana la sentencia del juicio seguido a 12 civiles y 13 policías señalados como miembros de la banda narco “Los Monos”, cuyos cabecillas nunca fueron condenados hasta ahora a pesar de considerarse que llevan al menos una década cometiendo ilícitos.

Los delitos de los que se los acusa no están vinculados al tráfico de estupefacientes sino que son por asociación ilícita (22 acusados), homicidios (5 acusados) y encubrimiento, cohecho y violación de secreto en los casos de los miembros de fuerzas de seguridad.

En la previa del veredicto, la fiscal de Cámara de Rosario, María Eugenia Iribarren, calificó como “un precedente histórico” haber llevado a juicio “a una organización criminal de unas características que no estábamos acostumbrados” y consideró que “existen elementos para una sentencia condenatoria” contra los imputados.

Los Monos

Durante los alegatos, los fiscales del caso, Luis Schiappa Pietra y Gonzalo Fernández Bussy, solicitaron penas altas para los sindicados como cabecillas de “Los Monos”.

En ese sentido, pidieron 41 años de prisión para Ramón Ezequiel Machuca (35), alias “Monchi Cantero’; 26 para Ariel Máximo “Guille” Cantero (29) y 10 años de reclusión para su padre y antiguo líder de la banda, Ariel “Viejo” Cantero (52).

Machuca está acusado como instigador de cuatro homicidios: el de una adolescente baleada en una vivienda cuya parte delantera funcionaba como búnker “y competía con uno de la banda” y por un triple homicidio ocurrido dos días después del asesinato de Claudio “Pájaro” Cantero (29), uno de los líderes del grupo.

Para los fiscales, el asesinato del “Pájaro” llevó al núcleo duro de la banda a un raid de venganza que en pocas horas produjo cuatro homicidios. “Guille” Cantero, considerado como otro de los jefes de la organización criminal, está acusado como autor del crimen de Diego “Tarta” Demarre (34), dueño del boliche donde fue asesinado su hermano “Pájaro”.

Los abogados defensores de “Los Monos” pidieron, por su parte, la absolución de sus clientes al considerar “nulas” las escuchas telefónicas ordenadas por el juez que instruyó la causa, Juan Carlos Vienna, además de sostener que “no existen pruebas” que impliquen a sus defendidos.

Recordaron que la jurisprudencia internacional y local considera que las escuchas telefónicas sirven para iniciar una investigación, pero no constituyen prueba suficiente para dictar una condena.

Los Monos

La defensa se centró en cuestionar la imparcialidad del cuestionado juez que viajó en dos ocasiones a Estados Unidos con el padre de una víctima y la validez de las escuchas, que ya fueron utilizadas en otro juicio en el que se dieron por auténticas.

Fue, justamente, en el debate oral por el asesinato del “Pájaro” Cantero, que además tuvo como presidente del tribunal al mismo que el de este juicio, el juez Ismael Manfrín.

Para los fiscales, “esta asociación ilícita rentabilizó la violencia” y “esta rentabilización consistió en provocar y usufructuar un territorio liberado mediante la imposición del miedo y con una organización sistemática de la violencia”.

Durante el juicio describieron la presunta estructura celular de la banda y los roles asignados a cada uno de los acusados: jefes de la asociación con fines ilícitos, esbirros o ejecutores y testaferros.

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En ese último rol acusaron a las mujeres del clan Cantero, Silvana Jésica Gorosito (31) -pareja de “Monchi”- y Lorena Verdún (39), ex mujer del asesinado “Pájaro” Cantero (27).

También a Mariano Germán Salomón (31) mediante la compraventa de automóviles; a Agustín Ruiz (27) como comprador de bienes muebles y automotores; y al “cazador de talentos” Francisco Lapiana (62) como intermediario de futbolistas, negocios que permitirían el lavado del dinero de origen ilegal.

En los casos de los miembros de las fuerzas de seguridad llevados a juicio, los fiscales consideraron que fueron “los proveedores de impunidad estatal” de la banda y pidieron penas de 9 a 3 años y medio de prisión para ellos, según cada caso.

En el alegato final, los fiscales solicitaron la absolución de uno de ellos, el ex jefe de Inteligencia de la zona Sur de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones, Hernán Floiger, al considerar que no habían reunido pruebas parar acusarlo.

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