La medida la adoptó la magistrada Marcela Garmendia. Todos los acusados por la Masacre de Monte seguirán detenidos en la causa que instruye el fiscal de Cañuelas, Lisandro Damonte

Una jueza de Garantías de La Plata rechazó los pedidos de excarcelación de los 12 efectivos de la Policía bonaerense y del secretario de Seguridad de la comuna, quienes se encuentran detenidos como imputados, aunque con distintos cargos, por haber participado de la Masacre de Monte.

La medida la adoptó la magistrada Marcela Garmendia, y tras firmar la resolución, dejó las actuaciones en manos de su colega Eduardo Silva Pelozi, ya que al momento del hecho ella lo estaba subrogando. A partir de esta decisión, todos los acusados seguirán detenidos en la causa que instruye el fiscal de Cañuelas, Lisandro Damonte.

Entre los apresados están el capitán Rubén Alberto García, los oficiales Leonardo Daniel Ecilape y Manuel Monreal y el subayudante Mariano Ibáñez, quienes están imputados de "homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego". A los cuatro se los acusa de las muertes de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14); y del "homicidio doblemente agravado en grado de tentativa" de la adolescente de 13 años que viajaba con los fallecidos y resultó malherida.

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En tanto, los otros ochos policías afrontan acusaciones por encubrimiento y falsedad ideológica, al igual que el secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Miguel del Monte, el ex comisario Claudio Martínez. Los efectivos detenidos por esos cargos son el subcomisario Franco Micucci; el teniente Héctor Enrique Ángel; el oficial inspector José Manuel Durán; la oficial subayudante Nadia Genaro y la oficial Melina Blanco; el oficial subinspector José Alfredo Domínguez y los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez.

El 20 de mayo último, cinco chicos iban a bordo de un Fiat Spazio que chocó contra el acoplado de un camión en la colectora de la ruta 3, en el casco urbano de Monte, tras ser perseguidos a balazos por tres patrulleros, en un episodio de violencia institucional, que derivó en una posterior trama de encubrimiento.

Las autopsias revelaron luego que si bien cuatro de los cinco murieron a raíz de las lesiones producidas por el impacto, uno de los fallecidos también presentaba una herida de bala en un glúteo, mientras una adolescente logró sobrevivir. Lo ocurrido derivó en un descabezamiento de la cúpula policial local y en una serie de marchas de familiares, amigos y vecinos de las víctimas, que denunciaron que se trató de un caso de "gatillo fácil".

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