Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense, le ofreció custodia al fiscal Patricio Ferrari luego de que se hiciera público un plan para asesinarlo, ideado por un ex miembro de Los Fabulosos Cadillacs, hoy en prisión

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, le ofreció custodia al fiscal de San Isidro Patricio Ferrari, a raíz del presunto plan criminal para asesinarlo que se desbarató y tenía como presunto autor intelectual al detenido y ex saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs, Ignacio Pardo, alias ‘Naco Goldfinger’.

De manera paralela, hubo un reclamo de dos asociaciones de fiscales y magistrados, que solicitaron seguridad para el funcionario judicial.

Allegados a Ferrari y voceros oficiales indicaron que el propio Ritondo se comunicó en forma telefónica con el fiscal para darle su apoyo y ofrecerle custodia. Asimismo, el jefe de la Policía bonaerense, comisario general Fabián Perroni, se puso a disposición, a los efectos de ultimar detalles para enviarle los custodios.

Ferrari también recibió algunos llamados de solidaridad, entre ellos el del procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; del secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti; del ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari; y de su subsecretario de Justicia, Adrián Grassi.

En un comunicado, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación manifestó su “más enérgico rechazo al atentado planificado contra la vida del fiscal”. “Hacemos llegar nuestra solidaridad al colega e instamos a las autoridades a que garanticen su seguridad, la de su familia y la de sus colaboradores, de manera efectiva y hacemos hincapié a continuar profundizando con las investigaciones y detenciones a fin de que no quede ningún responsable impune”, sostuvo la entidad, presidida por el fiscal federal Carlos Rívolo.

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Por su parte, en otro comunicado, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Isidro expresó “su más profunda preocupación respecto de hechos de esta naturaleza que ponen en riesgo la integridad de quienes tienen la función de investigar la comisión de delitos”. “Instamos a todos los poderes del Estado para que en el marco de sus respectivas competencias aseguren la protección que todos aquellos magistrados y funcionarios que integran el Poder Judicial y Ministerio Público’, se expresa.

En tanto, el imputado Abel Osvaldo Díaz Rodríguez (de 44 años), único detenido en los cinco allanamientos, se negó a declarar ante la fiscal de la causa, Carolina Asprella, quien lo dejó preso por “tenencia ilegal de arma de guerra, de explosivos y de estupefacientes para su comercialización”.

Es que en los allanamientos a sus domicilios de Munro y Villa Martelli, se secuestró un fusil FAL, una granada, dos pistolas, municiones, medio kilo de cocaína, uniformes de la Policía Federal, chalecos antibala y handys, entre otros elementos.

Según la investigación, Díaz Rodríguez, quien estuvo preso junto a Pardo en la Unidad 48 de José León Suárez hasta el 28 de junio, era el encargado de hacer tareas de inteligencia en torno al fiscal Ferrari y además iba a participar junto a otros dos sicarios en el asesinato del funcionario.

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