
El Gobierno elevó las recompensas para capturar a un abusador prófugo desde 2015 y a un capo narco condenado, con pedidos de captura nacional e internacional.
El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó el aumento de las recompensas para dar con el paradero de dos delincuentes considerados de extrema peligrosidad. Se trata de Sergio Eduardo Giménez, prófugo desde 2015 tras haber abusado sexualmente durante años de su hijastra con la complicidad de su pareja, y de Maximiliano Ariel Liquitay, condenado como jefe de una banda narcotraficante y con orden de captura vigente desde 2024.
La medida fue formalizada mediante las resoluciones 87/2026 y 88/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial. Según se informó, la recompensa por datos certeros que permitan localizar a Giménez asciende a 10 millones de pesos, mientras que en el caso de Liquitay el monto ofrecido es de 5 millones.
Desde la cartera que conduce Alejandra Monteoliva precisaron que quienes cuenten con información podrán comunicarse de forma gratuita y confidencial a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas. Además, se garantizó la reserva de identidad de los informantes y se aclaró que el pago se efectuará únicamente una vez corroborados los datos aportados. También se remarcó que no podrán acceder a la recompensa quienes estén vinculados a los hechos delictivos.
Sobre Sergio Eduardo Giménez pesa una alerta roja de Interpol desde el 11 de noviembre de 2015, luego de que su hijastra lo denunciara por abusos sexuales reiterados que comenzaron cuando tenía apenas ocho años. La investigación judicial determinó que los ataques se produjeron con la participación directa de la madre de la víctima, Celia Sosa, quien fue condenada a 14 años de prisión como coautora.
En su declaración en Cámara Gesell, la joven relató que su madre la obligaba a someterse a los abusos y la golpeaba cuando se resistía. También declaró que Giménez convenció a Sosa de que los ataques eran necesarios para “salvarla”, bajo la creencia de que la menor tenía “un demonio adentro”.
El acusado contaba con antecedentes penales: en 2013 había sido condenado por abusar sexualmente de su hija biológica. A pesar de ello, Sosa lo acompañó en su fuga a Paraguay, donde se sospecha que el prófugo podría permanecer oculto y donde tendría tierras.
La víctima logró escapar con ayuda de una vecina y, tras una denuncia radicada en Formosa, pudo regresar al país. Su testimonio fue considerado contundente por la Justicia, que descartó los argumentos defensivos de Sosa y dio por acreditadas las agresiones físicas y sexuales.
En el caso de Maximiliano Ariel Liquitay, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta lo condenó a 9 años y medio de prisión por integrar una organización dedicada al narcotráfico. De acuerdo con la causa, era el encargado de gestionar los vehículos utilizados por la banda y está acusado como coautor del delito de lavado de activos agravado.
El pedido de captura internacional fue emitido el 12 de enero de 2024, luego de que el condenado se diera a la fuga. La investigación se inició en 2023, cuando un camión que transportaba 418 kilos de cocaína ocultos fue interceptado al ingresar al país desde la frontera con Bolivia.
Por ese operativo también fueron condenados Santos Pascual Yufra, chofer del camión, Fernando Ariel Ramírez, acompañante del conductor, y Darío Ezequiel Giménez, quien manejaba el vehículo puntero. La pareja de Yufra fue procesada, aunque finalmente resultó absuelta.