La utilización de este recurso aumentó un 30 por ciento. Pero advierten que, en muchos casos, los polémicos acuerdos garantizan la impunidad de los delincuentes. Bajas penas o liberaciones inmediatas

La utilización de la herramienta legal que tiene el Poder Judicial con el llamado “juicio abreviado” creció un 30% en el último año y se constituye actualmente en un problema grave para centenares de víctimas de delitos o sus familiares, ya que muchos casos terminan en la impunidad explícita por “acuerdos” polémicos entre malvivientes y los jueces, que permiten penas muy bajas y excarcelaciones inmediatas.

Acerca del tema, el abogado especialista Javier Miglino precisó que “los denominados juicios abreviados en la Provincia de Buenos Aires, puestos en vigor a partir de la Ley 13.811, fueron creados según el artículo 1 de esa norma para casos de flagrancia, con la finalidad de fortalecer el sistema acusatorio y de permitir a los jueces fallos rápidos en asuntos en lo que haya conformidad con el fiscal y él o los acusados sobre la materia del delito sobre el que se pretende emitir sentencia”.

“Esta premisa en la actualidad se va ampliando a casi todo tipo de procesos penales y lo que en principio parecía una buena idea que permita justicia en tiempo y forma, va dejando de lado esa premisa; poniendo en riesgo la seguridad de las víctimas que asisten azoradas a verdaderos ejemplos de impunidad, total o parcial; con aval judicial”, precisó el abogado.

Miglino dijo que “en cada oportunidad que tenemos de recorrer la Provincia de Buenos Aires con los más de 900 colaboradores de Defendamos Buenos Aires, escuchamos un clamor popular que en alza, ya que la gente quiere que se aplique de una vez por todas y para siempre el sistema de juicios por jurados; que en los casos en que ha sido aplicado ha dado resultados estupendos”.

“El juicio por jurados es un mandato que estableció la Constitución Nacional de 1853. La Constitución lo indica en tres artículos diferentes: los juicios (en general y específicamente los criminales) deben ser juzgados por jurados populares. Es la manera de garantizar la participación ciudadana en la administración de justicia, acercando la justicia a la sociedad. El jurado otorga mayor imparcialidad ya que la decisión no está tomada por una sola persona, sino por doce personas que no están involucradas en el proceso previo ni pertenecen al Poder Judicial”, señaló.

El letrado trazó más argumentos en ese mismo sentido. “Por su funcionamiento, es el sistema más respetuoso de los derechos y garantías que rigen el proceso penal: el establecimiento de jurados obliga a que el juicio sea oral y público, dotando de mayor transparencia a las decisiones judiciales y haciéndolas más accesibles para la ciudadanía, obligando a dejar de lado el lenguaje jurídico en pos de un lenguaje más sencillo. Los jurados ayudan a elevar la calidad del juicio, porque exigen mejores investigaciones, y obligan a abogados y fiscales a entrenarse en herramientas orales y de argumentación”, manifestó Miglino.

Así, expresó que “estudios alrededor del mundo también demuestran que el establecimiento de jurados aumenta la legitimidad y la confianza que tiene la ciudadanía en el sistema de justicia”, y que “las personas que fueron jurados se sienten más comprometidas con sus deberes públicos y más interesadas en el funcionamiento de diversas políticas estatales, lo que ayuda al fortalecimiento de la democracia”.

¿Qué sucede en el mundo con los juicios por jurados? “A nivel internacional, el juicio por jurados tiene una larga tradición y se aplica en diversos países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Canadá, Australia, España y Puerto Rico entre otros. En conclusión, el juicio por jurados es un mandato constitucional que ha sido injustamente negado hasta la actualidad. Se ha intentado sanear la situación judicial con parches como el sistema de juicio abreviado ya apuntado.Sin embargo, al mandato constitucional se suma el mandato popular: la gente quiere juicios por jurados”, cerró Miglino.

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