El grupo expresó su "preocupación" por la demora del trámite en el Poder Ejecutivo. La ley otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o bien del crimen de alguno de sus padres a manos de otro.

El pasado 4 de julio en una “histórica sesión”, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por una unanimidad y con el respaldo de todos los bloques políticas a la denominada Ley Brisa, que establece una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o bien del asesinato de algunos de sus progenitores a manos de otro. Tras su publicación en el Boletín Oficial y el decreto de promulgación, sin veto, ni observaciones, empezó a correr el plazo para su reglamentación, cuyo vencimiento de 30 días hábiles opera este viernes 7.

El grupo de Familiares de Víctimas por Femicidio, que trabajó en la elaboración de esta iniciativa y posterior seguimiento para que primero se le diera media sanción en Senadores y luego conseguir que los diputados la convirtieran en ley nacional, expresó su “preocupación” por esta demora del trámite en el Poder Ejecutivo y reafirmó que “se trata de un tema urgente, que no puede seguir esperando, ya que hay unos 3.000 chicos que pueden acceder a esta reparación y lamentablemente, se siguen sumando otros”.

En su articulado esta Ley Nro. 27.452 establece que “la reparación, que comienza a regir desde el momento del procesamiento del femicida y que consiste en un haber jubilatorio mínimo mensual, con sus incrementos móviles”, además de “no tener un efecto indemnizatorio, ya que se extingue cuando las víctimas colaterales,, los hijos de las víctimas fatales cumplen los 21 años”. También esta percepción puede extinguirse con el sobreseimiento o absolución del progenitor procesado y a los efectos de saber quien está a cargo del cobro, se le otorga a las personas que están a cuidado de los menores. Y fundamentalmente, es equiparable a otras asignaciones como la AUH, al garantizar una “cobertura integral de salud”.

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“Esas niñas o niños que han perdido a su madre, en general víctima de la violencia machista ejercida por sus padres o parejas, los que quedan imputados en las causas judiciales, sufren un doble desamparo y necesitan de un sostén económico, ya que, en general, quedan a cargo de abuelos o tíos, incorporándose a familias numerosas. Por eso, se luchó tanto para que estos chicos obtengan esta reparación. Los senadores la aprobaron en mayo de 2017, recién en julio de este año, la aprobaron los diputados y ahora es necesaria su urgente instrumentación, resulta inconcebible que se den estas dilaciones. No representa un monto significativo para las arcas del Estado y mientras tanto las necesidades de estas familias se multiplican”, comentan los miembros de Familiares de Víctimas por Femicidio, en la charla con DIARIO POPULAR.

El proyecto inspirado en el caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años, cuya madre fue asesinada a golpes y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa por su marido, quien está detenido. En la actualidad, la niña vive en Moreno junto a su abuelo materno, su tía, sus primos y sus hermanos. Y la falta de la puesta en práctica, con efecto concreto de la ley a nivel nacional ha derivado en que, por ejemplo, este grupo familiar no haya percibido esta asignación y otros que residen en provincias o municipios que han instituido legislaciones similares.

“La ley tiene un régimen de instrumentación a seguir y estamos observando que no se ha avanzado lo suficiente. No queremos que su implementación se siga demorando y por eso, pedimos que desde el Ejecutivo se den los pasos necesarios, más allá de los plazos que están por vencerse”, señalaron Lorena Fernández (hermana de Mariela), Leónidas Mateu (padre de Mara), Oscar Galliano (hermano de Rosana) y Karina Trangoni (hija de Elena Fouine), algunos de los integrantes de este grupo, que luego de la aprobación del Congreso sigue de cerca el trámite para que “la Ley Brisa sea una realidad”.

“Sin dudas, se necesita un Estado presente. Esta reparación a hijos, víctimas colaterales de los femicidios, es urgente. Algunos familiares reciban alguna ayuda de los gobiernos locales, como, por ejemplo, en los municipios de Almirante Brown o del Partido de La Costa, en otros casos hay leyes similares que se pusieron en marcha, tal el caso de la ciudad de Buenos Aires. Hay lugares que ya establecieron protocolos de actuación para brindar asistencia frente a este tipo de situaciones. Y otros casos, no hay nada, como pasa en Quilmes y varios distritos más”, concluyeron.

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