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Las entidades periodísticas ADEPA y FOPEA alertaron sobre el perfil "confrontativo y estigmatizante" del nuevo organismo del Estado, y sobre los riesgos para la libertad de expresión.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresaron su preocupación por el lanzamiento de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, una iniciativa del Gobierno nacional que funcionará como plataforma digital destinada a desmentir supuestas noticias falsas y operaciones mediáticas atribuidas a la prensa y a sectores de la oposición.
Desde ADEPA señalaron que el problema no reside en la existencia de una nueva oficina de comunicación estatal, sino en el perfil confrontativo y estigmatizante que se le pretende otorgar. En ese sentido, advirtieron que, si bien enfrentar la desinformación es un objetivo legítimo en una democracia, el Estado no puede arrogarse el rol de juez o árbitro de la verdad pública, ya que constituye una fuente más dentro del debate informativo. “Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”, afirmó la entidad,
La entidad remarcó que asignar a organismos oficiales funciones de monitoreo o verificación de contenidos periodísticos puede derivar en prácticas de vigilancia o disciplinamiento indirecto hacia el periodismo crítico. Para ADEPA, la mejor defensa frente a la desinformación no es la construcción de una “verdad oficial”, sino la existencia de un sistema de medios plural, profesional e independiente, que rinda cuentas ante sus audiencias y la ley. En ese marco, subrayaron que son los propios ciudadanos quienes, en un entorno abierto, tienen la capacidad de contrastar información y evaluar su confiabilidad.
La Oficina de Respuesta Oficial se presentó públicamente este jueves a través de la red social X, con un mensaje de fuerte tono confrontativo. Allí afirmó que su misión será desmentir activamente falsedades y exponer lo que considera operaciones mediáticas y políticas, bajo el argumento de que la sola difusión de información no resulta suficiente frente al avance de la desinformación. Desde el organismo aseguraron que no buscan censurar ni imponer una visión, sino ofrecer datos para que la ciudadanía pueda diferenciar hechos de relatos, y reivindicaron la libertad de expresión como un valor central de la actual administración; "Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración", manifestó en su comunicado fundacional.
"Es necesario desmentir con claridad y sin rodeos", sostuvo la Oficina de Respuesta Oficial, que aclaró que no buscará "convencer ni imponer una mirada", sino dotar a los ciudadanos de herramientas para "distinguir hechos de operaciones y datos de relatos".
"La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone", remató el comunicado oficial.
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Por si parte, FOPEA manifestó su “profunda preocupación y rechazo” ante la creación de esta cuenta oficial, a la que calificó como un intento de establecer desde el Estado un “tribunal de la verdad”. La organización consideró especialmente grave que la iniciativa haya sido difundida desde los canales oficiales de la Presidencia de la Nación.
"El Artículo 1 de nuestro Código de Ética reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual; jamás como la imposición de un dogma" comunicaron desde FOPEA
Y agregaron: "El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una "verdad oficial" indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre".
“Esto confirma que se está utilizando una estructura oficial y, por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica. Esto ocurre mientras desde el poder se retacea y dificulta el acceso a las fuentes de información (por ejemplo, al modificar por decreto los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública), no se brindan conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial” dijeron finalizando el comunicado
Desde FOPEA recordaron que el compromiso del periodismo es la búsqueda rigurosa de la verdad a través del chequeo, la diversidad de fuentes y la honestidad intelectual, y advirtieron que ningún poder estatal puede imponer una verdad indiscutible sin afectar el debate democrático. En ese sentido, señalaron que la utilización de recursos públicos para señalar o desacreditar voces críticas resulta incompatible con los principios de una sociedad libre.
La entidad también cuestionó que esta iniciativa se produzca en un contexto en el que, según indicaron, se han restringido canales institucionales de acceso a la información, como la modificación de la Ley de Acceso a la Información Pública, la ausencia de conferencias de prensa regulares y la falta de una vocería presidencial activa.
FOPEA recordó que, a lo largo de más de dos décadas de trayectoria, ha advertido sobre proyectos similares impulsados por distintos gobiernos, y reiteró que el rol del Estado es garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no auditar ni hostigar el discurso periodístico.
Finalmente, ambas organizaciones coincidieron en que el periodismo debe estar abierto a la crítica, pero alertaron que cuando el poder busca clausurar o deslegitimar el debate público, se pone en riesgo no solo la libertad de expresión, sino también la rendición de cuentas y la calidad democrática.