La Corte Suprema convocó a una nueva audiencia pública de la que también participarán representantes del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la Capital Federal y de diferentes entidades de control.

Las autoridades de ACUMAR, encabezadas por Dorina Bonetti, se presentarán hoy ante la Corte Suprema de Justicia para responder sobre el avance de su trabajo en el saneamiento de la cuenta Matanza-Riachuelo.

El máximo tribunal convocó a una nueva audiencia pública de la que también participarán representantes del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la Capital Federal y de diferentes entidades de control.

El objetivo es que el organismo informe y conteste preguntas sobre las tareas que se realizan para cumplir con la sentencia definitiva que ordenó la recomposición del daño ambiental en esa cuenca, misión para la que fue creado.

Por el otro lado estará el Cuerpo Colegiado, encargado de velar por la correcta ejecución de ese fallo e integrado por la Defensoría del Pueblo (cargo que sigue vacante), Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Asociación de Vecinos La Boca. Todos ellos tendrán un único vocero que será Andrés Nápoli, referente de la FARN, quien presentará el estudio realizado por las ONG sobre los avances o las faltas cometidas por la entidad autárquica.

“Nuestro documento lo presentamos hace dos semanas y es realmente muy crítico de lo que se está haciendo”, adelantó el dirigente ambientalista. Nápoli sostuvo que la sentencia que ordenó el saneamiento de la cuenca “está altamente incumplida” y que hay “una inacción bastante importante por parte de ACUMAR”. “La Corte debería avanzar con un fallo nuevo. Ya van 10 años y se necesitan nuevas medidas, por ejemplo que los afectados directos tengan un lugar en ese juicio, que hoy no lo tienen. También hace falta un índice de calidad del agua en el río, actualmente son todas estimaciones las que se hacen”, agregó. En noviembre pasado, el tribunal advirtió que se encontraron “serias deficiencias en los informes presentados por la ACUMAR”, por lo que solicitó “la adecuación” de esos documentos para que se separen los datos sobre la actualidad ambiental del Riachuelo en nuevas clasificaciones, medida que ya fue cumplida.

Asimismo, el tribunal ordenó que se proporcione información específica “sobre cuestiones particularmente sensibles” referidas a la gestión de residuos; erradicación de basurales a cielo abierto; expansión de la red de agua potable y cloacas y creación de viviendas para relocalizar a las familias que viven en la zona, entre otros puntos.

Fuentes del organismo aseguraron que esta audiencia se trata “solamente de una instancia más” paralela a estos informes que entregan cada tres meses.

La última vez que los directivos del ACUMAR se presentaron ante la Corte fue a finales del 2016, durante una jornada que la entidad considera que “dejó varios baches” en materia como el presupuesto, algo en lo que los jueces “se mostraron insistentes y sobre lo que podrían volver a preguntar”.

En aquella ocasión fue Gabriela Seijo quien tuvo que rendir cuentas como representante de la institución, mientras que ahora le tocará dar explicaciones a Bonetti, persona de confianza de la senadora de Cambiemos y ex líder de ACUMAR, Gladys González.

También estará en la audiencia el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, aunque el organismo ya no depende de esa cartera.

Presenciarán el encuentro, además, representantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartúa, y enviados de AySA y del Ministerio de Infraestructura bonaerense.

En ACUMAR creen que la Corte también les va a preguntar sobre los proyectos de vivienda para relocalizar a las personas que viven en la cuenca del Riachuelo y sobre el avance en las leyes para limitar el vertido de afluentes contaminantes por parte de las empresas de la zona.

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