Los procesamientos de ambos por presunto "lavado de activos" se dictaron con prisión preventiva y embargos de $40 millones, según el fallo firmado ayer y difundido hoy

El juez federal Claudio Bonadio procesó a los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en una investigación por la supuesta compra con dinero de origen ilegal de dos departamentos en un edificio del barrio porteño de Recoleta. En otro departamento de ese mismo edificio, en el quinto piso, vive la ex presidenta Cristina Kirchner.

Los procesamientos de ambos por presunto "lavado de activos" se dictaron con prisión preventiva y embargos de $40 millones, según el fallo firmado ayer y difundido hoy.

Según la denuncia, "la maniobra imputada consistió en comprar con el dinero de origen ilegal" dos departamentos ubicados en el primer y cuarto piso del edificio de la calle Juncal 1409, en 2010 y 2011".

También quedaron procesados sin prisión preventiva Osvaldo Sanfelice, Alberto Leiva, Osvaldo Manuel De Souza e Ismael Sánchez por su participación en las maniobras.

"Se buscó ocultar o disfrazar la ilicitud del origen de los bienes y llevar a esos bienes a que adquieran apariencia legal", sostuvo Bonadio en el fallo.

López y De Sousa ya están detenidos con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza en el marco de otra causa penal, la que investiga la evasión del impuesto a los combustibles líquidos en la petrolera "Oil Combustibles", y cuyo juicio oral comenzará el 13 de junio próximo.

Bonadio los procesó ahora también con prisión preventiva en esta causa, que es conexa a la de los cuadernos de la corrupción, también a su cargo.

"En la investigación se ha acreditado la relación entre los causantes, los negocios por ellos realizados con el dinero ilícito obtenido", sostuvo el juez.

Para Bonadio, hay "evidencias" que indican que los pisos 1, unidad 3, y 4, unidad 6, fueron adquiridos "con dinero ilegal de contrataciones con el Estado Nacional, y simulada su compra por quienes habrían sido partícipes de dicha maniobra".

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Los procesados Leiva y Sanfelice "son cuñados", y "al momento de los hechos eran apoderados de la firma Los Sauces, de la familia Kirchner, y "empleados del Grupo Indalo -en Alcalis de la Patagonia SA y CPC SA-respectivamente", se sostuvo en el fallo.

"De ambas compras participó activamente Sanfelice, que es persona de confianza de la familia Kirchner-Fernández", agregó el magistrado.

Además, Bonadio sostuvo que las compras se hicieron con fondos que tuvieron su origen "en aquellos bolsos con dinero que fueron recibidos por Héctor Daniel Muñoz", en alusión al fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner.

Según Bonadio y en base a documentación que secuestró al allanar ambos departamentos, Sanfelice habría sido quien administraba las dos unidades y además la perteneciente a la actual precandidata a Vicepresidenta de la Nación.

"Sanfelice al concurrir al edificio constantemente era quién administraba junto con Leiva entre otras cosas el piso 1 unidad 3, piso 4 unidad 6 y piso 5 unidad 7, ocupándose del pago de las expensas, servicios e impuestos", agregó el fallo.

Además Bonadio sostuvo que "el departamento del piso 5 unidad 7 fue utilizado por Héctor Daniel Muñoz, luego fue ocupado por el imputado Mauro Ismael Sánchez, quien luego pasó al piso 1 unidad 3 cuando Cristina Elizabeth Fernández quiso volver a usarlo".

Según los cuadernos del remisero Oscar Centeno, parte de la recaudación ilegal entre empresarios de obra pública se habría llevado a ese edificio.

Los dos departamentos se compraron por un monto total de US$880.000, y uno de los adquirentes fue Osvaldo de Sousa, hermano del detenido Fabián de Sousa. Según Bonadio, el comprador no tendría cómo justificar el origen del dinero.

La ex presidenta y senadora está procesada con prisión preventiva en la causa central por los cuadernos de las coimas de Centeno como supuesta jefa de una asociación ilícita dedicada a obtener sobornos de la obra pública.

En esta investigación está libre por sus fueros parlamentarios, y el fiscal del caso, Carlos Stornelli, se encamina a pedir el envío a juicio oral y público.

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