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La decisión judicial frenó el pedido de detención contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino por lavado de dinero y trasladó la causa, en medio de cuestionamientos.
El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, se declaró incompetente y rechazó el pedido del fiscal Pedro Simón para detener al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
La resolución dispuso el envío del expediente al juzgado federal de Zárate, a cargo de Adrián González Charvay, en una decisión que fue cuestionada en ámbitos judiciales y que será apelada por el fiscal ante la Cámara Federal de Tucumán.
La medida fue adoptada horas antes de que la Cámara evaluara la recusación de Argibay, planteada por el fiscal debido a vínculos comerciales entre la hija del magistrado y el hermano de Toviggino, lo que generó sospechas sobre la oportunidad de la decisión.
Tras recibir la causa, el juez de Zárate rechazó el traslado del expediente al considerar que la resolución de incompetencia aún no se encuentra firme, lo que mantiene el conflicto de jurisdicción abierto.
En un fallo de 39 páginas, Argibay desestimó el requerimiento fiscal al sostener que no se describe un hecho penal concreto. Señaló que la acusación no individualiza actos específicos ni operaciones que permitan delimitar con precisión el supuesto delito.
El magistrado afirmó que el planteo del fiscal presenta una construcción general sobre relaciones económicas y societarias, sin identificar un hecho verificable que permita avanzar en la imputación penal.
En su resolución, también sostuvo que el presunto perjuicio patrimonial tendría como sujeto pasivo a la AFA, cuyo domicilio ubicó en Pilar, provincia de Buenos Aires, en línea con argumentos sostenidos por la defensa, aunque ese cambio no fue convalidado oficialmente.
Recordemos que la causa se inició a partir de una denuncia que investiga un presunto esquema de desvío de fondos dentro de la entidad que regula el fútbol argentino, con acusaciones de lavado de dinero y manejo irregular de recursos.
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En paralelo, Tapia y Toviggino enfrentan otro expediente en la justicia en lo Penal Económico, donde fueron procesados junto a otros dirigentes por la presunta retención indebida de tributos por más de 19.300 millones de pesos.
En esa causa, la Cámara deberá resolver en las próximas semanas si confirma los procesamientos, lo que podría derivar en un juicio oral. La decisión también definirá la continuidad del juez Diego Amarante al frente del expediente.
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