En el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras para la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA)

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y su ex ministro de Salud, Alejandro Collia, fueron este viernes imputados y citados a prestar declaración indagatoria por el fiscal penal de La Plata Alvaro Garganta, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras para la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA), informaron fuentes judiciales.

Garganta procesó y citó a declarar a Scioli por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.

El procurador investiga junto a la jueza Marcela Garmendia a la empresa Miller Building, que fue adjudicataria de la construcción de las (UPA) en 2009, durante la gobernación de Scioli.

La firma le compró terrenos al emprendimiento inmobiliario de Daniel Scioli, en Villa La Ñata. A través de esa transacción, Miller Building quedó ligada al gobernador, por eso a Scioli se lo acusa de haber ejercido negociaciones en beneficio personal con los fondos públicos.

La investigación se había iniciado hace cinco meses, tras una denuncia de la diputada Elisa Carrió, quien había considerado la compra de terrenos personales a una empresa prestataria del Estado como una coima.

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"No hubo tráfico de influencias ni irregularidades"

Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, abogados defensores de Scioli, negaron enfáticamente la imputación. "De los expedientes surge que todas las licitaciones y contrataciones del Gobierno Provincial durante su gestión, inclusive las de los Hospitales de Pronta Atención (UPA), fueron regulares y aprobadas por los organismos de control", aseguraron.

"El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires no interviene nunca, por disposiciones constitucionales y legales, en este tipo de contrataciones. A su vez, nuestro defendido nos ha manifestado enfáticamente que jamás dio instrucción alguna, ni ejerció influencia sobre ningún funcionario de su gabinete para favorecer empresas en sus contrataciones con el Gobierno", amplió la defensa.

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