La Cámara baja tratará desde el mediodía un paquete de iniciativas promovidas por el Gobierno, entre ellas el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y la modificación de la Carta Orgánica del BCRA.

La Cámara de Diputados realizará este miércoles una sesión especial para tratar una serie de proyectos impulsados por el Gobierno nacional. Entre las iniciativas más importantes se encuentran la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como "Ley Malvinas", y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La convocatoria fue solicitada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros legisladores oficialistas. El debate comenzará a las 12 y se estima que la discusión parlamentaria se extenderá hasta altas horas de la madrugada.

El temario también contempla los convenios para traspasar competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos cometidos por menores y contra la integridad sexual. A su vez, se tratará el acuerdo de libre comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), además de una enmienda al Protocolo de Montevideo.

Ley Malvinas

El bloque oficialista tendría los respaldos necesarios para conseguir la aprobación general del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Sin embargo, algunos apartados podrían quedar afuera durante la votación particular debido a las diferencias con los sectores dialoguistas.

En una reunión reservada realizada el jueves pasado en el Salón de Honor de Diputados, el Gobierno intentó acercar posiciones con sus aliados. El PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) manifestaron su intención de acompañar la propuesta, incluso si se introducen modificaciones. Por su parte, Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi reclamaron cambios sustanciales en el capítulo 7 para respaldar la iniciativa.

La propuesta oficial de realizar modificaciones menores no logró despejar las diferencias y aumenta la posibilidad de que ese apartado sea eliminado durante el tratamiento en particular. Para aprobarlo se necesitan 129 votos, ya que incluye modificaciones al sistema electoral y establece multas para extranjeros que financien campañas políticas.

Ante la incertidumbre sobre la cantidad de respaldos, el Gobierno podría aceptar la eliminación completa de ese capítulo para concentrar los votos en el núcleo principal del proyecto, que establece sanciones contra las compañías petroleras que operen sin autorización argentina en el Atlántico Sur.

El apartado también contempla penas para quienes organicen o colaboren con tareas de inteligencia para Estados extranjeros contra la seguridad nacional, divulguen secretos de Estado o participen en acciones de sabotaje contra el Gobierno o la población argentina.

Luego de las críticas que recibió la iniciativa, el oficialismo aceptó excluir de cualquier persecución penal o económica a las actividades diplomáticas, el ejercicio periodístico, la investigación académica y el lobby regulado.

El proyecto establece sanciones económicas y penales para quienes exploten recursos naturales renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina. Las condenas podrían llegar hasta los 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores. Quedan exceptuados los accionistas que tengan una participación de hasta el 2% y los fondos de inversión que intervengan indirectamente en las operaciones.

Uno de los puntos que genera mayor resistencia es la ampliación de las atribuciones del Poder Ejecutivo para actuar frente a una eventual "amenaza externa". Desde el peronismo y la izquierda consideran que la iniciativa podría concentrar facultades extraordinarias en manos del Presidente.

En ese contexto, el proyecto contempla la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo encargado de coordinar las políticas de seguridad, defensa e inteligencia estratégica. Estará presidido por el jefe de Estado e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.

A pedido de los bloques aliados, se amplió su integración con la participación no permanente del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y los gobernadores.

Entre las facultades del organismo figura la protección de infraestructuras críticas y la posibilidad de implementar medidas urgentes ante una amenaza externa grave. Entre ellas se encuentran restricciones a las operaciones financieras y cambiarias, bloqueos temporales de fondos y activos, suspensión de autorizaciones y contrataciones, limitaciones a las importaciones y exportaciones y aumentos transitorios de los derechos aduaneros.

También continúan dentro del proyecto algunas de las disposiciones más cuestionadas, como los protocolos para derribar aeronaves y hundir embarcaciones, además de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en "operaciones no convencionales".

Este último punto genera preocupación entre los sectores opositores porque consideran que podría desdibujar los límites entre las funciones de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, habilitando a estas últimas a intervenir en cuestiones de seguridad interior.

Por iniciativa del diputado Eduardo Falcone (MID), se incorporó además una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso, que tendrá la responsabilidad de controlar las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad Nacional. Según el proyecto, el Poder Ejecutivo deberá comunicarle las medidas implementadas dentro de un plazo máximo de 48 horas.

Otro de los artículos cuestionados establece el reconocimiento legal del Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y permite incorporar organizaciones cuando existan "motivos razonables para sospechar".

Para los bloques opositores, las definiciones de "terrorismo" y "amenaza externa" carecen de precisión suficiente y podrían habilitar decisiones discrecionales del Ejecutivo, con consecuencias sobre las libertades civiles y políticas.

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Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central será el otro asunto que concentrará buena parte de la discusión parlamentaria.

El oficialismo no consiguió reunir los respaldos necesarios en comisión para avanzar con la redacción original que había obtenido media sanción en Diputados. Ese texto establecía un mecanismo de protección institucional que exigía el voto de dos tercios de ambas cámaras para remover a los integrantes del directorio del organismo.

Sin embargo, el Senado modificó ese requisito y estableció que la destitución de los directores podría concretarse con una mayoría absoluta de la Cámara alta.

Luego de intentar recuperar la versión inicial, los diputados de La Libertad Avanza terminaron aceptando los cambios introducidos por el Senado. De esta manera, la Cámara baja dejará de participar en las decisiones vinculadas con la designación y remoción de los funcionarios del Banco Central.

Más allá de las modificaciones sobre la integración del directorio y las mayorías necesarias para incorporar o desplazar a sus integrantes, la iniciativa busca establecer como principio central la "emisión cero".

Desde la administración de Javier Milei consideran que el saneamiento actual de las cuentas del Banco Central no resulta suficiente si una futura gestión puede "volver a prender la maquinita" y generar inflación.

En los fundamentos de la reforma, el Gobierno sostiene que "La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos".

La propuesta elimina los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades en ganancias reales y la adquisición de títulos públicos en el mercado primario.

Además, el proyecto plantea que "De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda".

La intención del Gobierno es establecer límites para evitar que futuras administraciones puedan modificar la política monetaria y recurrir nuevamente a la emisión de dinero para financiar el gasto público.

Para alcanzar ese objetivo, la reforma elimina los distintos propósitos que contemplaba la Ley 26.739, sancionada en 2012 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y establece como función principal del organismo preservar el valor de la moneda y prohibir el financiamiento al Tesoro.

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