Política |
3'
Una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad detectó que 178.000l personas fallecidas figuran como titulares del Certificado Único de Discapacidad.
En medio del debate político por la Ley de Emergencia en Discapacidad y luego de que el Gobierno descartara su derogación, una auditoría interna de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) encendió nuevas alarmas sobre el funcionamiento del organismo.
Según confirmaron fuentes oficiales, se detectó que 178 mil personas fallecidas continúan registradas como titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
ADEMÁS: Procesan al sindicalista Julio Norberto Gutiérrez por estafa
La información fue validada a partir de un cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior, y reveló una de las inconsistencias más graves detectadas hasta el momento en el sistema de otorgamiento y control de los certificados.
La acción del interventor de la ANDIS
La irregularidad fue identificada por el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, un sanitarista designado tras la salida de Diego Spagnuolo. Durante el proceso de revisión integral del organismo, Vilches autorizó la baja de los certificados observados y elevó el informe a las máximas autoridades nacionales.
En la Casa Rosada analizan ahora avanzar con acciones judiciales tanto contra quienes habrían utilizado de manera indebida los beneficios asociados al CUD como contra los prestadores que intervinieron en esos trámites.
“Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, sostuvo una fuente gubernamental con acceso al expediente. Según explicó, la próxima etapa será el cotejo de los datos de las personas fallecidas con los prestadores que gestionaron los certificados. “La idea que se está madurando es avanzar legalmente contra los prestadores”, señaló.
El Certificado Único de Discapacidad
El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita oficialmente la condición de discapacidad y habilita el acceso a prestaciones, beneficios y coberturas estatales. Su otorgamiento depende de una Junta Evaluadora Interdisciplinaria, encargada de analizar cada caso antes de emitirlo. La permanencia de certificados activos a nombre de personas fallecidas plantea serias dudas sobre los controles internos del sistema.
La detección de estos casos forma parte de una auditoría más amplia que también incluyó la revisión de contratos y del funcionamiento general de la ANDIS. El proceso se profundizó tras la salida de Spagnuolo, quien había denunciado públicamente presuntos pedidos de coimas por parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del operador político del Interior, Eduardo “Lule” Menem. Los resultados finales de la auditoría aún no fueron cerrados y podrían oficializarse hacia el final del primer trimestre de 2026.
En Balcarce 50, las críticas hacia el exfuncionario se intensificaron luego de la difusión de audios que comprometerían su gestión. Desde el entorno oficial aseguran que Spagnuolo reportaba escasamente la actividad del área y que solía justificar decisiones invocando un contacto directo con el presidente Javier Milei. “Es un mentiroso profesional”, sintetizó una fuente oficial, mientras otros señalan que los controles internos debieron haberse implementado desde el inicio de la gestión.
En paralelo, el Gobierno evaluó quitarle la autonomía a la ANDIS y trasladarla al ámbito del Ministerio de Salud, una alternativa que finalmente fue descartada. Las alertas se profundizaron tras detectarse un aumento del 27% en la compra de siete medicamentos clave para la leucemia linfoblástica aguda, según un informe preliminar posterior a la salida de Spagnuolo.
Mientras tanto, el Ejecutivo trabaja en una contrapropuesta legislativa vinculada a la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de la resistencia opositora a su derogación en el Congreso, en un contexto marcado por la revisión del gasto público y las fallas estructurales del sistema.