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Es en el marco de una causa anexa por la que está detenido el ex ministro de planificación federal, Julio De Vido. Se investiga el giro de 26.000 millones de pesos del Estado Nacional
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de 17 empresarios por defraudación y sospechas de sobreprecios en obras para el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. El procurador pidió la citación por la "conformación de un complejo y millonario plan criminal, del cual derivarían al menos dos comportamientos diferenciados: una defraudación contra la administración pública y un peculado de bienes públicos".
El pedido de indagatoria lo presentó ante el juez federal Luis Rodríguez en el marco de una causa anexa a aquella en la que está detenido el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en Marcos Paz por los $ 26.000 millones que giró el Estado Nacional para obras y donde se registró un desvío del orden de los $ 260 millones.
"A través del informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que muchas de las obras diagramadas en el Complejo Minero no se completaron", sostuvo en su dictamen.
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Para la fiscalía, las "palmarias y gravísimas irregularidades no habrían podido prosperar, extenderse en el tiempo y dar virtualidad a este ilícito sistema de contrataciones, sin el consentimiento y aportes de los empresarios que terminaron contratando con la Fundación de la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) en condiciones de manifiesta ilegalidad".
Una de las obras bajo la lupa es el Tren Turístico Eva Perón donde se observó sobreprecios por pagos al proveedor Edimat SA. por $ 158.181.100.
"Las obras fueron adjudicadas de manera directa a la empresa Edimat SA., y no se terminaron", sostuvo Stornelli, quien remarcó que la SIGEN determinó que se pagaron anticipos financieros no contemplados a esa firma por $ 13.061.000.
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Otras obras en el lugar son la "campaña comunicacional y promoción del proyecto Ramal Ferro Industrial Eva Perón", cuyas tareas "no fueron finalizadas y costaron $ 7,8 millones", siendo las empresas contratadas D&A Comunicaciones SA. y Refugio Sur SA.
También la construcción del museo Ferroviario por obras que no se llevaron a cabo pese a que se le pagó al arquitecto Jorge de La Torre $ 8.406.719,95.
Otras son las obras encargadas a la empresa G&G Metalmecánica por una suma sobrefacturada a YCRT de $ 10.682.368,13.
Una de las obras principales también bajo sospecha es la de los proyectos Caliza y Cenizas, adjudicados por intermedio de la Fundación de manera directa a la empresa KRK Latinoamericana SA., en la cual la Sigen observó diferencias presupuestarias del orden de los $ 24.800.000.
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Por esa obra, KRK Latinoamericana SA. recibió $ 32.900.000 en concepto de anticipos financieros. También por el proyecto cañería de aire, donde la Sigen observó diferencias presupuestarias del orden de los $ 24 millones, las cuales fueron adjudicados de manera directa a la empresa Kaeser Compresores de Argentina SRL.
"En el orden del Proyecto cañerías de agua, la Sigen detectó diferencias presupuestarias y sobreprecios por $ 32.900.000. Dichas obras fueron adjudicadas de manera directa a la empresa Cadexa Services SA", concluyó Stornelli.
Stornelli pidió las indagatorias de los titulares de las empresas Edimat SRL. , Ramona Ambrosia Alcaraz e Ivana Iris Gauna; de D&D Marketing Comunicaciones, Alejandra Adriana De Alba; de Refugio Sur SA, Néstor Daniel Moleres; de Reclimp SRL, Ana María Petri y Patricia Verónica Pizarro; del arquitecto Jorge Daniel De la Torre; del dueño de la Estancia Killik Aike, Roberto Fernández;G&G Metalmecánica SRL, el socio gerente Gabriel Asenjo; de Chimen Aike S.A, Rubén David Aranda; de la empresa KRK Latinoamericana S.A., Alfredo Giménez y José Luis Zorrilla; de la empresa Kaeser Compresores Argentina SRL, Gustavo Ariel D Adamo; y de la empresa Cadexa Services SA, Esteban Ruiz Coines.
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