El fiscal Eduardo Taiano respondió a las críticas por supuestas demoras en el acceso a un informe clave sobre el celular de un imputado.
El fiscal federal Eduardo Taiano rompió el silencio y defendió su actuación en la investigación del caso $LIBRA, luego de las críticas por presuntas demoras en el acceso al informe final sobre el análisis del celular del lobista Mauricio Novelli.
A través de un comunicado, el funcionario negó irregularidades, detalló el cronograma del expediente y reafirmó su compromiso con el avance de la causa.
La polémica se desató tras la filtración de documentación vinculada al expediente, lo que generó cuestionamientos por parte de algunas defensas. Frente a ese escenario, Taiano sostuvo que la actuación de la fiscalía se ajustó a los tiempos procesales y que la información estuvo disponible para las partes antes de que se hiciera pública.
“Las precisiones servirán para llevar claridad respecto de lo acontecido, más allá de que esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible”, señaló el fiscal.
En su explicación, reconstruyó la secuencia de los informes elaborados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Según indicó, el 17 de noviembre de 2025 se recibió un informe preliminar que consignaba que el análisis se encontraba “en curso” y que, por su carácter, no incluía conclusiones definitivas.
El informe final, en tanto, fue remitido el 13 de enero de 2026 y posteriormente incorporado al sistema de gestión judicial el 24 de febrero, momento desde el cual quedó accesible para las partes. De este modo, Taiano subrayó que esa disponibilidad se produjo antes de la filtración pública de documentos, registrada el 6 de marzo.
El fiscal también aclaró que la citación como testigo de la persona que difundió el material respondió a un pedido de una de las querellas, motivado por la preocupación ante la circulación de información privada de los imputados. Sin embargo, esa medida fue dejada sin efecto luego de que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, impulsara un sumario administrativo y una investigación penal por la filtración.
En ese contexto, la nueva causa quedó radicada en un juzgado federal distinto, lo que podría abrir un frente paralelo en torno a la eventual responsabilidad por la difusión de documentación sensible.
Respecto del contenido técnico, fuentes del caso precisaron que el trabajo de la DATIP no constituye un peritaje en sentido estricto, ya que no contó con la participación de peritos de parte, sino un análisis especializado ordenado por la fiscalía tras el secuestro de dispositivos electrónicos.
Taiano rechazó de plano cualquier sospecha de ocultamiento de prueba y remarcó que fue la propia fiscalía la que solicitó las medidas de análisis sobre los dispositivos de los imputados. Además, insistió en que la investigación por la fallida criptomoneda -promocionada públicamente en febrero de 2025- continúa en curso.
La filtración de los documentos, no obstante, podría derivar en planteos de nulidad por parte de las defensas, que buscarán cuestionar la validez de la evidencia incorporada. Sin embargo, fuentes judiciales relativizan el alcance de esos planteos, al considerar que el informe ya había sido oficialmente incorporado al expediente y puesto a disposición de las partes antes de su difusión pública.
En un expediente atravesado por tensiones procesales y alta exposición política, la discusión sobre los tiempos, las garantías y la circulación de la prueba se suma ahora como un eje central. Mientras tanto, la fiscalía busca sostener la validez del proceso en medio de un caso que sigue bajo la lupa.
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