El Gobierno contra la UBA: denunció una "extorsión política"

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que la UBA busca concentrar casi la totalidad de las partidas extraordinarias previstas para el sistema de salud universitario.

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Según explicó el funcionario, la universidad reclama cerca de 75.000 millones de pesos del fondo anual de 80.000 millones destinado a hospitales universitarios de todo el país. De acuerdo con sus declaraciones, eso implicaría que el resto de las universidades nacionales se repartan apenas unos 4.000 millones de pesos.

Álvarez rechazó además las denuncias de desfinanciamiento realizadas por la UBA respecto del Hospital de Clínicas y aseguró que las transferencias mensuales se realizaron “en tiempo y forma”. En ese sentido, afirmó que el Gobierno publicó el detalle de los giros efectuados y sostuvo que los reclamos deberían dirigirse a las autoridades universitarias.

Facultad de Medicina UBA

Facultad de medicina de la UBA.

El subsecretario explicó que el presupuesto universitario está compuesto por partidas corrientes mensuales y por un fondo extraordinario específico para salud. Según indicó, el conflicto se originó porque la UBA pretende ejecutar casi la totalidad de esos recursos durante los primeros meses del año.

“El objetivo es prácticamente duplicar el presupuesto de salud de la UBA y quedarse con todo el fondo anual”, señaló Álvarez en declaraciones radiales. También acusó a las autoridades universitarias de utilizar el conflicto sanitario para presionar públicamente al Gobierno mediante advertencias sobre posibles problemas en la atención médica.

En sus declaraciones, el funcionario apuntó directamente contra el vicerrector Emiliano Yacobitti, a quien atribuyó motivaciones políticas detrás del reclamo presupuestario. “Ellos tienen necesidades políticas que no tienen nada que ver con la educación ni mucho menos con la salud”, afirmó.

Álvarez también insistió en la necesidad de avanzar con auditorías de la Sindicatura General de la Nación sobre el manejo de los fondos universitarios. Según sostuvo, la UBA mantiene una disputa judicial para impedir esos controles y sólo acepta auditorías posteriores de la Auditoría General de la Nación.

Alejandro Alvarez junto a Milei

Alejandro Álvarez junto a Javier Milei. (Foto: redes)

“La ley es clarísima: la auditoría interna corresponde a la SIGEN y la externa a la AGN”, afirmó el funcionario. Además, cuestionó la resistencia de la universidad a los controles y planteó que, si las cuentas están correctamente administradas, no debería existir oposición a las auditorías.

El subsecretario criticó además el actual esquema de distribución presupuestaria de las universidades nacionales y aseguró que históricamente estuvo condicionado por negociaciones políticas en el Congreso. En ese marco, propuso avanzar hacia un sistema basado en indicadores objetivos vinculados a matrícula, graduación, infraestructura y costos operativos.

En relación con las estadísticas universitarias, Álvarez sostuvo que el Gobierno detectó irregularidades y duplicaciones en los registros de estudiantes. Según afirmó, el 40% de la matrícula universitaria no rindió ningún examen en los últimos dos años y la tasa de graduación de la UBA ronda el 30%.

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El funcionario también cuestionó el financiamiento estatal destinado a estudiantes extranjeros, especialmente en carreras de alto costo como Medicina. En ese sentido, afirmó que cerca de la mitad de la matrícula de la Facultad de Medicina de la UBA corresponde a alumnos extranjeros.

Por último, Álvarez defendió la necesidad de reorganizar el sistema universitario y aseguró que el objetivo del Gobierno es priorizar la formación académica y la calidad educativa. “La misión principal es enseñar, aprender y generar graduados de calidad”, concluyó.