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En el marco de las reformas previstas para la segunda parte del mandato de Javier Milei, el Gobierno avanza con la reorganización del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Tras el brutal ajuste en los últimos dos años, el Gobierno nacional está ultimando una profunda reforma del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
La iniciativa busca modificar el sistema de gobernanza del organismo para que el Poder Ejecutivo tenga mayor intervención en la definición del plan de investigaciones y en la distribución del presupuesto.
Según fuentes oficiales, el proyecto es trabajado por los equipos técnicos de la Casa Rosada desde antes de las elecciones legislativas de octubre, aunque su presentación se postergó por el clima electoral. Ahora, con el escenario político más despejado, en el oficialismo aseguran que la decisión es avanzar “en el corto plazo”. “Queremos reordenar los incentivos de las investigaciones”, explican.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un esquema de autonomía regional para descentralizar la toma de decisiones y trasladar el corazón del proceso investigativo a las universidades. La idea es que cada institución académica de las provincias pueda definir sus prioridades científicas en función de las necesidades productivas de su región.
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La reforma genera debate en el ámbito científico, dado que podría redefinir la autonomía del Conicet y alterar la orientación de las investigaciones hacia áreas productivas, en detrimento de líneas de investigación básicas o de ciencias sociales, tradicionalmente incluidas en la agenda del organismo.
En el Gobierno reconocen que ya existen varias versiones del borrador del DNU y que el texto circuló por los equipos de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y de María Ibarzabal, secretaria de Legal y Técnica. “Solo falta definir cuándo sale”, admiten en la Casa Rosada.
Actualmente, el Conicet cuenta con 26.781 trabajadores, entre ellos 11.800 investigadores, 10.300 becarios, 2800 técnicos y 1400 administrativos, y administra un presupuesto de $580.000 millones. Su estructura incluye 17 Centros Científico Tecnológicos (CCT), 7 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 institutos que dependen en conjunto del organismo y de distintas universidades.
La conducción está a cargo de un directorio de ocho miembros y un presidente designado por el Gobierno. Los directores surgen de ternas propuestas por investigadores activos, universidades, organizaciones industriales y agropecuarias, y los sistemas de ciencia y tecnología provinciales.