El Gobierno busca salir de una crisis política evitable

En el medio, en lo más alto del poder se vivieron momentos de nerviosismo: como ya mostró el caso de la desaparición del ARA San Juan, el gobierno, como todo oficialismo, parece querer hacerse cargo sólo de “las buenas noticias” y en un principio se mostró sorprendido por el obvio rechazo al recorte a los jubilados; aunque significara un cambio que diera sustentabilidad al sistema, algún costo político habría que pagar.

Con todo, algo cambió en los estrategas de Jefatura de Gabinete: en una semana Marcos Peña protagonizó 3 ruedas prensa con los periodistas acreditados dejando de lado la comunicación por redes del manual duranbarbista.

Las dudas sí persisten en la conveniencia de grabar un mensaje presidencial y difundirlo por redes sociales y los canales de TV: en el anochecer del jueves de furia que se vivió en Casa Rosada técnicos con cámaras partieron presurosos a la Residencia de Olivos para filmar a Macri explicando la necesidad de sacar por DNU la reforma previsional. Finalmente nada se grabó; el frenazo que le metió Elisa Carrió a la medida pudo más. Desde el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado, pasando por la crisis del submarino San Juan, fue el tercer amague de discurso presidencial de emergencia.

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Es, sin dudas, un proyecto polémico. La oposición cuestiona que con esta enmienda el gobierno pretende ahorrar $100 mil millones el año próximo y que ahora quiere “arreglar” a los viejos con un bono que implica un gasto de $6 mil millones, con lo que terminaría quitándoles $94 mil millones al año.

El año pasado cuando el gobierno prometía brotes verdes y el “segundo semestre” era solo una expresión de deseos de la reactivación, un alto funcionario se solazaba que ese año la Reparación Histórica iba a volcar al mercado interno unos $100 mil millones. Paradójicamente sería la montaña de plata que el gobierno desearía recortar en 2018.

En todo caso es un problema de números y no de prioridades, lo que precipitó la nueva crisis política que vivió el oficialismo. Un funcionario, con despacho a unas pocas cuadras de Casa Rosada, lo describía de la siguiente forma durante aquél tumultuoso jueves: “Es como cuando cortaron masivamente las pensiones truchas para discapacitados: si te llevás solo por el número grueso vas a chocar porque terminan pagando justos por pecadores. Y así como está el proyecto es invotable”.

En aquellas horas esa sensatez no se percibía en los pasillos de Balcarce 50: luego de la conferencia de prensa de Peña en la que acusó a los diputados kirchneristas de “‘piqueteros de recinto” por hacer caer la sesión, un dirigente cercano al jefe de Gabinete se mostraba inflexible por el reclamo por el recorte de los haberes de marzo. Con la miopía típica que genera el calor del poder, enfatizó que “el bolsillo es una metáfora” cuando se le preguntó por la pérdida de ingreso que los jubilados iban a tener en marzo y que éstos, por su condición, no podían esperar al final de año para recuperar poder adquisitivo.

Fue una muestra involuntaria del nerviosismo que generó en el seno del Ejecutivo la suspensión del debate de Diputados, que causó el enojo de Macri que lo llevó, asesorado por el área legal, a intentar sacar la reforma por decreto. Así, pasadas las 19 fueron llegando de a uno los ministros para firmar un DNU a todas luces inconstitucional ya que se metía con atribuciones del Parlamento.

Lo cierto es que el tuit fulminante de Carrió, que a las 20.03 tachó el decreto de inconstitucional, hizo caer esa posibilidad. Y al otro día mientras voceros gubernamentales matizaban que se trató de una “amenaza”, Macri ordenaba volver a negociar y todo terminó con Rogelio Frigerio y Mario Quintana acordando con gobernadores y legisladores el pago de un bono para marzo, que de pronto volvió tangible al bolsillo de los jubilados, y la chance de mañana volver a votar el proyecto que viene con media sanción del Senado.

Una vez sancionada la norma que cambia la fórmula para calcular las jubilaciones, Macri estamparía su firma en un decreto simple que establece el pago por única vez de $750 y $375 para jubilados que ganen menos de $10 mil dependiendo si surgieron o no de la moratoria, y de $400 para los beneficiarios de AUH.

En el gobierno no descartan nuevos incidentes alrededor del Congreso pero esta vez en lugar de la Gendarmería participará del blindado del Congreso la Policía de la Ciudad. Sí en el oficialismo prestan particular atención a la marcha prevista para el 20 de diciembre, en ocasión de un nuevo aniversario de la caída de Fernando de la Rúa.

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Lo cierto es que, en privado, han surgido cuestionamientos a cómo manejaron los popes del gobierno la votación de la primera reforma devenida del pacto fiscal entre el Ejecutivo y los gobernadores. Aun quedan pendientes el Presupuesto, responsabilidad fiscal y la reforma tributaria.

En algunos rincones del poder se azuza que faltó “‘manejo político” para garantizar un quórum más amplió. “Ahora los gobernadores deberían acompañar sino a mitad de año se quedan sin recursos”, fue la brutal definición de un colaborador de Macri en las últimas horas.

Otra duda en algunos despachos es porqué se retrasó la discusión por el famoso empalme que edulcorara los cambios previsionales. Y también el rol de Carrió dentro de Cambiemos: el protagonismo del último jueves dejó en evidencia que no hubo intermediación con Macri. “Están fallando los que dicen tener buen diálogo con Lilita”, fue el reproche de una calificada fuente enfocada, entre otros, hacia el asesor presidencial Fabián “Pepin” Rodríguez Simón.

En paralelo, se cuestiona que avance muy lentamente el ajuste de la política que pidió Macri a los 23 ministerios: el plan comandado por el vicejefe Quintana y el titular de Modernización, prevé el recorte de 650 cargos políticos en lo que sería un gesto de austeridad. “Cargos, no personas”, aclaró una fuente que admitió que muchos dirigentes serán reacomodados en otros puestos con un menor sueldo.

Habrá que esperar a febrero para su total implementación, que permitirá ahorrar varios millones al Tesoro. En el ministerio del propio Ibarra se eliminarán 60 cargos de la denominada alta administración pública. En Desarrollo Social, en tanto, varias subsecretarías pasarán a convertirse en direcciones nacionales; sí se eliminara la dependencia a cargo de los Centros Integradores Comunitarios (CIC), nacidos durante el kirchnerismo, que terminaron apoyándose en los intendentes.

Por otro camino correrán las cancelaciones de contratos de empleados estatales devenidas de las encuestas de dotación de personal óptimo que se fueron realizando durante el año: en Desarrollo Social se estima que serán 350 pero muchos provendrán de jubilaciones y retiros voluntarios. Hace unos días se conocieron 28 casos en la secretaria General de la Presidencia de Casa Rosada. Y en la última semana surgieron protestas en organismos descentralizados como Enacom, Conae y el Inti donde se prevén más bajas de contratos.

“La realidad es que el gobierno tiene un problema de caja importante, ya no financiero”, reflexionó uno de los funcionarios consultados. La obsesión de Macri por bajar el déficit fiscal presiona a todos los resortes del estado: sin esa meta tampoco caería la inflación y no se daría sustentabilidad a la recuperación de la economía.

Esta semana se postergó la entrega conjunta de diplomas a suboficiales de las tres armas que siempre encabeza el presidente. La crisis devenida del ARA San Juan lo explica todo. En las últimas horas se conoció el pase a retiro del almirante Srur, titular de la Armada. Seguramente habrá más cambios en las cúpulas de las FF.AA. El que parece estar a resguardo es el titular del Estado Mayor Conjunto, teniente general Bari del Valle Sosa, de buen vínculo con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

Con todo, habrá que esperar el avance de la causa judicial por la desaparición del submarino y hasta donde llegará la bronca de los familiares de los marinos que, por lo pronto, obligó a suspender este fin de semana el retiro espiritual que tenía previsto el gabinete en Chapadmalal.