El Gobierno de la Ciudad recusó al juez Roberto Gallardo

La recusación por parte del Gobierno porteño fue presentada cerca de las 18 por vía remota y no generaría efectos sobre la audiencia prevista para este miércoles a las 9, a la que fueron convocados los ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.

El abogado Ricardo Scordo, apoderado del GCBA, sostuvo en la recusación a Gallardo que el magistrado actuó con "falta de imparcialidad" y que "ha ordenado una serie de medidas judiciales que ninguna de las partes ha solicitado y que nada aportan al planteo efectuado por la parte actora, excediendo el objeto procesal de las presente actuaciones judiciales".

"Como acostumbra suceder en las causas que tramitan ante ese Tribunal, el Magistrado ha decidido suplir la actividad que le compete a los litigantes, confundiendo su rol de director del proceso con el de parte", sostuvo el letrado de la Ciudad en su presentación.

El Gobierno porteño acusó al juez Gallardo de haber ordenado que el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño "abandone las funciones de seguridad en el área geográfica de las calles Uruguay y Juncal y aledaños conforme lo determine las fuerzas de seguridad federal", a pesar de que la resolución del magistrado incluía párrafos específicos en los que indicaba que nada de eso se estaba ordenando.

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"Con su accionar, el sentenciante ha demostrado un apartamiento manifiesto de las reglas del debido proceso, ya que amplía a discreción el objeto del proceso, permitiendo traer a discusión cuestiones que son absolutamente improcedentes y no fueron planteadas oportunamente por las partes", señalaron desde la Ciudad.

De acuerdo a lo expuesto, por las autoridades porteñas, el juez Gallardo habría dispuesto medidas que exceden los planteos formulados en los distintos recursos de amparo presentados después de que la Policía de la Ciudad instalara un vallado en las inmediaciones del edificio de la Vicepresidenta de la Nación.

Sin embargo, la cuestión referida a la custodia vicepresidencial fue introducida en el amparo presentado por la legisladora porteña Ofelia Fernández, cuando sostuvo que "no caben dudas de que la Policía de la Ciudad debe cuidar a la Sra. Cristina Fernández de Kirchner en tanto habitante de esta ciudad, pero tampoco caben dudas respecto de que su seguridad, en tanto Vicepresidenta en funciones reviste materia federal".

Fue en ese contexto que el juez Gallardo resolvió ordenarle al gobierno porteño que "cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vice Presidenta de la Nación", cuya custodia está "a cargo de las autoridades de seguridad federales".

En la misma resolución el magistrado le comunicó al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, que la Policía de la Ciudad "deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vicepresidencial".