El Gobierno convocó para el jueves a una nueva reunión de mesa política con el objetivo de ordenar la agenda parlamentaria.
El Gobierno nacional buscará recuperar la iniciativa esta semana con una reunión de la mesa política prevista para el jueves, en la que se definirá la hoja de ruta legislativa para junio y se revisará el estado de las principales reformas que el oficialismo pretende impulsar en el Congreso.
La convocatoria llega en un momento de replanteo estratégico dentro de la Casa Rosada. La aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado, el aval a la candidatura de María Verónica Michelli para el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata y la demora de algunos proyectos considerados prioritarios obligaron al Ejecutivo a revisar sus prioridades parlamentarias y el esquema de negociación con la oposición.
Según fuentes oficiales, el encuentro servirá para actualizar los números en ambas cámaras, ordenar el cronograma de iniciativas pendientes y definir cuáles serán los proyectos que recibirán mayor impulso durante las próximas semanas.
Uno de los focos de atención estará puesto en la situación generada por la aprobación del pliego de Michelli. Aunque el Senado dio su acuerdo, en el entorno presidencial aseguran que Javier Milei no tiene previsto firmar por ahora el decreto de designación. Cerca de la conducción política del Gobierno sostienen que todavía existen cuestiones administrativas pendientes para la puesta en funcionamiento del tribunal y consideran que el tema seguirá abierto.
La cuestión también dejó expuestas diferencias con Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. La senadora se abstuvo durante la votación y tomó distancia de la postura impulsada por el Ejecutivo. Sin embargo, en Balcarce 50 buscan evitar una escalada del conflicto y mantener los canales de coordinación abiertos.
La agenda judicial ocupará un lugar central en la reunión. El Gobierno prevé enviar en las próximas semanas nuevos pliegos para cubrir cargos en la Justicia, principalmente en fueros civiles, comerciales y de familia. Al mismo tiempo, sigue con atención la actividad del Consejo de la Magistratura, que esta semana analizará concursos para juzgados federales y cámaras de apelaciones considerados estratégicos.
En paralelo, el oficialismo procura avanzar con una serie de reformas institucionales y económicas que permanecen en distintas etapas de elaboración. Entre ellas figura el proyecto de juicio por jurados, que ya pasó por el Ministerio de Justicia y se encuentra bajo revisión de la Secretaría Legal y Técnica antes de ser remitido al Congreso.
También se encuentra en la etapa final la reforma del Código Penal, una de las iniciativas más ambiciosas de la gestión. En el Gobierno admiten que su tratamiento demandará una negociación compleja debido al alcance de los cambios previstos, aunque descartan por el momento la creación de una comisión bicameral especial para acelerar el debate.
Otro de los proyectos demorados es el paquete de desregulación promovido por Federico Sturzenegger. La iniciativa incluye modificaciones en sectores como el cabotaje, los seguros, el mercado inmobiliario y el mercado de capitales, pero aún continúa bajo análisis técnico.
La reforma de Defensa de la Competencia también permanece pendiente. El texto propone actualizar las reglas para fusiones empresarias, posiciones dominantes y mecanismos de control de mercado. En contraste, la reforma de la Ley de Sociedades ya ingresó al Congreso y forma parte de la estrategia oficial para modernizar el marco regulatorio de las empresas.
En Diputados, la apuesta del oficialismo es concretar una gran sesión hacia fines de junio. El denominado super-RIGI y la ley de lobby aparecen como los proyectos más avanzados, aunque el Gobierno aspira a sumar otras iniciativas si logran superar las instancias técnicas y políticas previas.
El panorama es más complejo en el Senado, donde se acumulan proyectos con media sanción y propuestas impulsadas por el Ejecutivo que todavía no encontraron una mayoría consolidada. Entre ellos figuran Ley Hojarasca, Zonas Frías, modificaciones vinculadas al etiquetado frontal y los cambios previstos en la Ley de Inocencia Fiscal, que Economía busca relanzar para incentivar el ingreso al circuito formal de ahorros no declarados.
Con ese escenario, la reunión del jueves tendrá un objetivo concreto: establecer un orden de prioridades y evitar nuevas sorpresas parlamentarias. En la Casa Rosada consideran que junio será un mes decisivo para exhibir capacidad de gestión y volumen legislativo antes de que la atención pública comience a desplazarse hacia la agenda internacional y deportiva.
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