La Cámara Alta sesionará este jueves y en el temario estarán los recortes al beneficio a las tarifas del gas y la reforma a la Carta Orgánica del organismo.
El Senado volverá a sesionar este jueves y los temas serán la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y los cambios al régimen de Zonas Frías en distintos puntos del país, luego de que e oficialismo acordar distintos cambios a estas iniciativas, luego de varias semanas de negaciones.
La sesión está prevista para las 12.00 y en el caso del proyecto de Zonas Frías reduce las zonas beneficiadas por subsidios en las tarifas de gas, lo que genera posiciones enfrentadas entre representantes de distintas provincias.
La iniciativa dejaría afuera del régimen a las ciudades algunas ciades de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis que fueron incorporadas durante la ampliación realizada en 2021. En ese momento, el beneficio alcanzó a más de un millón de personas de 90 ciudades.
El nuevo esquema mantendría el subsidio para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. También conservarían la ayuda los hogares registrados en el ReNaBaP, los veteranos de Malvinas y aquellos que tengan familiares con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Quienes pierdan el beneficio por Zona Fría podrán solicitar una reducción tarifaria si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2, que actualmente representan unos 4,8 millones de pesos.
El otro proyecto que se pondrá en discusión es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. La Libertad Avanza, sectores de la UCR, el PRO y espacios provinciales respaldan los cambios que establecen que el organismo no podrá brindar asistencia financiera a la Nación ni a las provincias.
La reforma cambia el mecanismo de designación de los directores. Actualmente, su nombramiento es una atribución del Senado, mientras que el proyecto establece que deberán contar con el respaldo de ambas cámaras del Congreso.
La iniciativa fija una mayoría parlamentaria para las designaciones y establece que la remoción de los directores requerirá una mayoría agravada de dos tercios.
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