Financiamiento Universitario: el Gobierno debe aplicar la ley tras un último fallo

La medida se conoció luego del rechazo de la Corte Suprema de Justicia al recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo en junio pasado.

La cautelar avalada por la Corte Suprema no incluyó el conjunto completo de cuestiones previstas por la ley. Quedaron afuera la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025 y otros gastos vinculados con programas de asistencia y fortalecimiento.

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De esta forma, el gobierno encabezado por Javier Milei queda obligado a actualizar los salarios docentes y no docentes. La medida incluye también garantizar los fondos para becas estudiantiles en las universidades públicas, en los términos establecidos por la ley.

El expediente fue remitido al Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo de Martín Cormick para que continúe la ejecución de la cautelar.

Durante la feria judicial, se había intentado que el juez también se expresara sobre el fondo de la cuestión, pero ello fue rechazado.

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El pasado 10 de junio, el Poder Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025, establece mecanismos de actualización presupuestaria para universidades nacionales e instituciones dependientes.