A través decreto del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, la Ciudad de Buenos Aires implementa medidas para fortalecer el control sobre la compra-venta.
Mediante un decreto del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, la Ciudad de Buenos Aires implementa medidas para fortalecer el control sobre la compra-venta y reparación de celulares usados y de esta manera atacar la comercialización de equipos robados.
“Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa”, sostuvo Jorge Macri.
Y agregó: “En las zonas de alta criticidad, no se va a habilitar ni un solo local más de ‘reparación de celulares’ y van a tener que demostrar el origen de cada pieza que tengan. Ley y orden”
Es un paso más en la consolidación de un esquema de seguridad basado en el orden y el respeto por la ley que permitió bajar el delito a mínimos históricos en el territorio porteño, tanto en robos como en homicidios.
A partir del decreto, se crea un registro de trazabilidad de las actividades de reparación y comercialización de celulares usados; se declara transitoriamente la emergencia de la actividad; se intensifican las medidas de control y fiscalización y se suspenden las habilitaciones para realizar la actividad en determinados puntos de la Ciudad considerados como “Zonas de Alta Criticidad”.
En conjunto, las medidas conforman un esquema escalonado: control reforzado inmediato durante la emergencia, intervención en los barrios focalizada en las áreas críticas y, como régimen permanente, un sistema de registro y trazabilidad que permita identificar establecimientos, equipos y operaciones y dificultar la incorporación de celulares robados al circuito comercial formal.
Y se suman al plan de ordenamiento urbano implementado por el Gobierno de Jorge Macri desde diciembre 2023, con el desalojo de 670 cuadras de manteros que ocupaban parques, plazas y veredas comerciales; los operativos de control en los límites de la Ciudad y de saturación en los grandes centros de transporte; la recuperación de más de 900 propiedades usurpadas que fueron devueltas a sus dueños y el control estricto sobre las nuevas construcciones en barrios y villas como la 31 y La Carbonilla.
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