La Justicia argentina pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro

La resolución fue firmada este miércoles en el marco de la causa CFP 2001/2023. En su decisión, el tribunal sostuvo que Maduro “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”, circunstancia que motivó el pedido formal de extradición para someterlo a proceso en la Argentina.

La medida responde a una orden de la Sala I de la Cámara Federal, que el 23 de septiembre de 2024 dispuso la detención y la declaración indagatoria de Maduro. Ese mandato fue ratificado posteriormente, el pasado 15 de enero de 2026, en un incidente del mismo expediente.

El exhorto se ampara en el Tratado de Extradición firmado entre la Argentina y los Estados Unidos en 1997. El juzgado encomendó la urgente traducción del pedido y de la documentación anexa, y dispuso que el trámite sea canalizado a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería. Además, ordenó notificar la decisión al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa.

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En el escrito enviado a Washington, el juez Ramos libró un exhorto a las autoridades competentes de Estados Unidos “a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros”. El magistrado también recordó que el exmandatario venezolano se encuentra detenido en ese país desde hace aproximadamente un mes, acusado de delitos de narcotráfico, conspiración para el tráfico internacional de drogas, posesión de armas de guerra y conspiración para el uso de artefactos destructivos.

La causa que se tramita en la Argentina fue iniciada a partir de denuncias presentadas por refugiados venezolanos, quienes afirmaron haber sido víctimas de torturas y vejaciones. Los denunciantes están representados por el abogado Tomás Farini Duggan y aportaron testimonios e informes que, según el expediente, acreditan violaciones graves a los derechos humanos.

El Juez ya había ordenado la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello

Ramos ya había ordenado la captura internacional de Maduro y de su segundo, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. Ambos están acusados de delitos de lesa humanidad y de cometer violaciones a los derechos humanos, y el magistrado dispuso que esa decisión también sea comunicada a Interpol.

En sus fundamentos, el juez explicó que avanzó con estas medidas para cumplir con lo dispuesto por la Sala I de la Cámara Federal, que le indicó solicitar la captura de Maduro cuando aún ejercía como presidente de Venezuela. Inicialmente, Ramos había considerado que no era necesario impulsar la causa en la Argentina por el principio de justicia universal, dado que existía una investigación abierta en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a instancias de los fiscales Carlos Stornelli y Juan José Agüero Iturbe, y de los querellantes, la Cámara Federal lo instruyó para que continúe con el proceso.

La Cámara, con los votos de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, enumeró como evidencia el contenido de dos legajos reservados con decenas de testimonios de refugiados que denunciaron haber sido torturados y detenidos ilegalmente en Venezuela, así como una docena de informes de organismos internacionales que documentan la represión, los arrestos ilegales y los tormentos sufridos por detenidos políticos.

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Los camaristas se pronunciaron en el expediente iniciado a partir de una denuncia presentada en Comodoro Py por la Clooney Foundation for Justice, organización presidida por el actor George Clooney junto a su esposa Amal, abogada especializada en derechos humanos. En esa presentación se solicitó la indagatoria de Maduro por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.

El expediente cuenta con más de una decena de declaraciones reservadas y contiene denuncias de torturas, desapariciones y detenciones atribuidas al gobierno de Maduro. Según sostiene la querella, estas violaciones a los derechos humanos se registran desde 2014 en Venezuela y se habrían agravado tras las elecciones presidenciales del 29 de julio, en las que Maduro se proclamó ganador sin exhibir las actas de votación.

Entre los testimonios incorporados a la causa figura el de una víctima, un hombre mayor de 30 años cuya identidad se mantiene en reserva, que relató cómo fue detenido y torturado por oficiales del servicio de inteligencia bolivariano. Según su declaración, los agentes se presentaron en su domicilio con el pretexto de realizar una entrevista, lo apresaron, lo interrogaron bajo amenazas, intimidaron a su familia y lo amenazaron con un arma de fuego colocada en su boca, además de golpearlo y amedrentarlo durante su detención.