La Justicia ordenó al Gobierno reparar con urgencia las rutas nacionales 7, 8 y 33

La medida fue tomada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, que hizo lugar al amparo presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). El magistrado sostuvo que el estado de las rutas representa un riesgo para la seguridad y la integridad de quienes circulan por esos corredores.

En particular, el fallo advirtió sobre el estado de la Ruta Nacional 33, donde se detectaron “importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos”. Según el juez, esas condiciones generan “un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios y usuarias”.

Cuello Murúa también señaló que las distintas reparticiones responsables de los corredores viales incumplieron con los deberes mínimos de mantenimiento y conservación. Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran fotografías aportadas por la propia DNV que muestran el deterioro de las calzadas.

En el caso de la Ruta 33, la propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido la gravedad de la situación. Una nota elaborada por autoridades del Distrito Santa Fe sostuvo que “el estado de la ruta necesita de manera urgente intervención”, lo que derivó en una licitación posteriormente adjudicada a la empresa Rovial S.A.

Las obras, sin embargo, no pudieron completarse. La compañía realizó tareas de bacheo en una parte del corredor, pero los trabajos quedaron paralizados debido a la falta de autorización de las partidas presupuestarias necesarias para continuar. La DNV también efectuó trabajos mínimos de bacheo en frío entre Venado Tuerto y Murphy, aunque el juez consideró que fueron insuficientes frente al deterioro existente.

El fallo también cuestionó el mantenimiento de las rutas nacionales 7 y 8, concesionadas a Corredores Viales S.A. Sobre la Ruta 7, el magistrado indicó que se realizaron algunas tareas de bacheo, pero no quedó acreditado que hubiera trabajos de mantenimiento sostenidos en el tiempo sobre la totalidad del tramo correspondiente al departamento General López.

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Respecto de la Ruta 8, la DNV había labrado 55 actas de constatación por incumplimientos contractuales de Corredores Viales y realizado continuas comunicaciones para corregir las deficiencias. La empresa sólo acreditó tareas entre los kilómetros 359 y 362, una intervención que el juez consideró insuficiente. Por ese motivo, rechazó el argumento de que sus obligaciones no incluían tareas de repavimentación y sostuvo que sí debía realizar trabajos de mejora, reparación y mantenimiento.

El juez rechazó, además, que el Estado Nacional pudiera desligarse de la responsabilidad por el cambio de concesionarias o por la distribución de competencias entre los organismos involucrados. Según el fallo, esas cuestiones no pueden convertirse en un obstáculo para garantizar la seguridad de los usuarios, por lo que la reparación deberá ser asegurada por el Estado, directamente a través de Vialidad, del organismo que eventualmente asuma esas funciones o de las empresas concesionarias correspondientes.

En la parte resolutiva, Cuello Murúa desestimó los planteos de falta de legitimación formulados por Corredores Viales S.A. y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, hizo lugar al amparo y ordenó la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas 33, 7 y 8 para garantizar su “transitabilidad plena” en el departamento General López.