La intervención del partido dispuesta por la jueza tiene lugar cuando, en los días previos, el PJ había dado señales de encaminarse hacia su reorganización.

La intervención al PJ nacional dispuesta por la jueza Servini de Cubría -quien tiene competencia electoral en el ámbito nacional- es un hecho que provoca consecuencias políticas importantes.

No sólo porque implica el cese de las actuales autoridades, encabezadas por un ex gobernador que hoy es legislador nacional (José Luis Gioja), sino porque además, la designación como Interventor del dirigente sindical Luis Barrionuevo, es conflictiva.

Tiene lugar cuando, en los días previos, el PJ había dado señales de encaminarse hacia su reorganización.

El viernes 6 de abril, tuvo lugar en Gualeguaychú, la cumbre del Peronismo anti-K convocada por el senador Miguel Ángel Pichetto, a la cual asistieron los legisladores del Peronismo Federal, representando a los gobernadores y dirigentes que responden a Sergio Massa y Florencio Randazzo y el lunes 9 tuvo lugar otra Cumbre en Catamarca, de la que participó el Peronismo K, con dirigentes nacionales del Kirchnerismo como Agustín Rossi y algunos disidentes del sector de Massa.

Ambos encuentros, fueron delineando dos sectores, que si acuerdan competir en las PASO para elegir un solo candidato, podían gestar la mentada unidad del PJ. El beneficiario de la decisión de la jueza es, ante todo, el oficialismo.

La intervención interrumpe el proceso de unidad que se había puesto en marcha desordenadamente, da a un dirigente discutido como Barrionuevo -que en el campo sindical se alinea en el sector critico del gobierno- un rol que será resistido por la mayoría del PJ y crea una situación que lo complica más. Gioja acusó a Macri de estar detrás de la intervención. Que el gobierno sea el beneficiario de la situación, no quiere decir que necesariamente la haya generado.

La intervención fue pedida por tres dirigentes sindicales que responden a Barrionuevo y hay quienes piensa que puede beneficiar al ex Presidente Eduardo Duhalde, quien en las últimas semanas hizo pública su intención de volver al centro de la política.

No parece una intervención que vaya a favorecer una renovación del PJ, sino todo lo contrario. Ahora queda por delante la resolución de la apelación de la intervención, realizada por Gioja y que debe ser resuelta por la Cámara Nacional Electoral. Se trata de un tribunal que ha mostrado independencia en varios fallos relevantes en materia electoral.

En conclusión, la intervención del PJ es una decisión judicial controvertida, que beneficia al oficialismo al complicarlo, más allá de si lo provocó o no.

Rosendo Fraga es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

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