En algunas semanas se publicarían dos decretos, uno vinculado a juicios y otro a contrataciones del Estado, para evitar conflictos de interés entre el Presidente y su entorno. Todos los entretelones.

Tras presentarse en la justicia para dar de baja el polémico acuerdo con el Correo Argentino, en el gobierno ahora se abocan a dos iniciativas para tratar de disipar la crisis política que generó el entendimiento con una empresa de la familia Macri: en algunas semanas se publicarían dos decretos, uno vinculado a juicios y otro a contrataciones del estado, para establecer un protocolo que evite conflictos de interés entre el presidente y su entorno y, por otro lado, en abril comenzará a debatirse el anteproyecto de reforma a la Ley de Etica Pública que establece nuevas obligaciones para los funcionarios.

En el gobierno derivaron la redacción de un protocolo de para evitar conflictos entre los presidentes y sus familiares a la Oficina Anticorrupción (OA) y la Procuración del Tesoro.

‘Estamos trabajando en dos protocolos, uno vinculado a juicios y otro a contrataciones. Probablemente se firmen con dos decretos simples del Ejecutivo’, contó a este diario una fuente de la OA que aclaró que antes de su aprobación ‘se consultará a ONGs y a expertos’ para que den su consentimiento. Ayer deslizaban que recién podrían publicarse en el BO en las próximas semanas.

La nueva reglamentación había sido anticipada por el presidente Mauricio Macri el último jueves en una conferencia de prensa en la que intentó apagar las llamas encendidas por el acuerdo con el Correo que manejaba la empresa de su padre Franco. En la rueda de prensa, el jefe de estado aceptó que el entendimiento era legal pero que daba lugar a las dudas por el conflicto de interés inherente y ensayó una autocrítica. ‘No hicimos lo suficiente’ para despejar cualquier controversia, sostuvo.

‘Quizás tendrían que haber pensado los protocolos antes. Creo que no imaginaron la magnitud del escándalo por el acuerdo del Correo. El conflicto de interés era evidente’, sostenían ayer desde la Coalición Cívica, horas después que Elisa Carrió respaldara al gobierno.

La otra pata de la reforma para dotar de mayor transparencia al quehacer público son los cambios en la Ley de Etica Pública y de normas inferiores que serán debatidos entre diversos actores sociales. ‘El anteproyecto incluye el desarrollo de un nuevo sistema de declaraciones juradas, en el cual proponemos una serie de modificaciones que tienden a superar las dificultades en la interpretación de los documentos presentados por los funcionarios’, remarcaron desde la OA.

La reforma proyectada pretende desvincular definitivamente la información fiscal de aquella que deben contener las Declaraciones Juradas Patrimoniales previstas en la Ley 25.188, estableciéndose la obligación de las autoridades de aplicación de desarrollar y proveer los sistemas informáticos necesarios para garantizar la carga, publicidad y protección del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, el resguardo de la información reservada y el acceso libre a través de Internet del contenido público.

La enmienda también ajusta los deberes éticos y en materia de conflictos de intereses, si bien se mantienen las hipótesis contempladas en la normativa actual, se precisan y aclaran de sus términos, en consonancia con la doctrina sentada en precedentes de la OA. Asimismo, se incorporan conceptos incluidos en el marco legal relativo a los obsequios recibidos por los agentes públicos con motivo o en ocasión de sus funciones. Lo cierto es que el anteproyecto, redactado en 2016, será debatido desde abril en el marco del plan ‘Justicia 2020’, una iniciativa del Ministerio de Justicia, con el objetivo de recabar opiniones de expertos y ciudadanos interesados en el tema. En la OA sostienen que en el texto que se va a someter a debate, se restituyen varios puntos que fueron eliminados en la reforma de 2013

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