Un aspecto basal de la plataforma de Cambiemos quedó envuelto en la polémica por las modificaciones al proyecto de Etica Pública y la negativa a informar las visitas en Olivos.

Una vez más una polémica envuelve a un tema basal de la plataforma de Cambiemos: la transparencia. Por un lado, se conoció que el esperado proyecto de Ética Publica, por el que se hizo una consulta pública que llevó a más de un año de elaboración del mismo, sería girado al Parlamento sin el artículo original que obligaba a los sindicalistas a presentar DD.JJ., al tiempo que la ONG Poder Ciudadano cuestionó al Ejecutivo por negarse a informar las visitas a la Residencia de Olivos desde el comienzo de la gestión macrista.

Casualmente la asociación civil participó del proceso de consulta para la redacción de Etica Pública y aportó algunas consideraciones sobre la necesidad de establecer sanciones efectivas a funcionarios por afuera del proceso penal.

“No sabemos si lo han incluido porque aún no fue enviado al Congreso el texto final. Por otro lado me parece un retroceso si no incluyen la obligación a los sindicalistas a mostrar su evolución patrimonial más si se debe a una decisión política para bajar las aguas” con los gremios, indicó a este diario German Emanuele, director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la entidad.

En los últimos días, Poder Ciudadano denunció que el Ejecutivo contestó negativamente un pedido de acceso a la información sobre los ingresos de personas a la Quinta de Olivos durante la gestión de Mauricio Macri -aduciendo cuestiones de seguridad para la familia presidencial-, a contramano de lo ventilado en 2016 con los datos recabados durante el gobierno kirchnerista en esa sede gubernamental.

Al respecto, Emanuele consideró “contradictoria esta postura dado que en su momento la misma gestión nos dio esta información. Es infundado alegar la seguridad presidencial -hay fallos que deniegan ese argumento- al igual que la imposibilidad de tachar datos. No queremos saber cuándo el presidente se reunió con familiares sino lo que tenga que ver con su actividad. Si el estado oculta, la sociedad va a empezar a sospechar”.

Es que Macri ha celebrado en Olivos reuniones polémicas, como cuando en octubre de 2016 se filtró su audiencia con el ex gobernador Daniel Scioli, en momentos en que la justicia comenzaba a investigar al actual diputado y ex funcionarios que revistaron durante su mandato en la Provincia. Por aquella época, el ex candidato a presidente por el FPV admitió ante este diario haber mantenido un encuentro “de carácter social” con el jefe de Estado, negando cualquier pedido para ser salvaguardado de cualquier pesquisa judicial.

Lo cierto es que Poder Ciudadano llevará a cabo un reclamo por vía administrativa ante la Agencia de Acceso a la Información y no descarta pedir un recurso de amparo ante la justicia ordinaria para acceder a dicho listado.

Por otra parte, el proyecto para reformar la normativa de Ética Publica tuvo una audiencia informativa en Diputados y se conoció la intención del Ejecutivo de quitar el artículo que modifica la ley de asociaciones sindicales obligando a los jefes sindicales a publicar sus DD.JJ. y sus “intereses comerciales”.

Se trata de la normativa que establece límites hacia el nepotismo en la función pública, regula las situaciones de conflictos de interés -luego de los decretos surgidos por el caso de la deuda del Correo en la era Macri-, y modifica el régimen de declaraciones juradas, entre otras propuestas.

Hasta el parlamento concurrieron Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, y autora del proyecto original, y Fernando Sánchez, el “lilito” secretario de Fortalecimiento Institucional, quien también colaboró en la iniciativa y promueve auditar a los sindicalistas.

La modificación al texto, que descansa en Legal y Técnica a la espera de firma del presidente, despertó el rechazo de sus impulsores, de la diputada Graciela Ocaña, denunciante de Hugo Moyano, y de Elisa Carrió y toda la Coalición Cívica, que ayer utilizó las redes sociales para manifestar su preocupación por la enmienda.

La propia Alonso se defendió ayer por la tarde en Twitter al señalar que “desde el día uno promuevo que los jefes sindicales presenten declaración patrimonial y de intereses, lo seguiré haciendo y no tengo dudas de que lo lograremos”. Cerca de la titular de la OA esperan que los jefes de bloques de la cámara baja acepten incorporar el mentado artículo en el debate de comisión del proyecto.

Los impulsores de la normativa atribuyen las modificaciones al lobby del secretario de Trabajo, Jorge Triaca, para no despertar más recelo en sectores del sindicalismo afines, como “Los Gordos” que tienen a su cargo los poderosos gremios los servicios.

Cerca de Triaca rechazan esas acusaciones y recuerdan: “Venimos impulsando medidas para aportar transparencia a todo el ámbito gremial, como el proceso de auditorías que iniciamos en los sindicatos, para que presenten sus balances, registros de afiliados y toda documentación que marca la ley”.

Aunque el envío del proyecto de Ética Pública al parlamento había sido anunciado este año en un par de ocasiones por Macri, se demoró su redacción y finalmente fue “corregido” en Legal y Técnica en las últimas semanas. La premura por el debate del Presupuesto 2019 acotó los tiempos legislativos e hizo que se pensara en girarlo recién el año próximo.

Pero luego de que el bloque de Miguel Angel Pichetto en el Senado propusiera una normativa propia en la materia, el Ejecutivo decidió apurar los tiempos. Es que no quieren que el PJ termine imponiendo un proyecto “light” como ocurrió en la Cámara alta con la votación de extinción de dominio hace unos meses.

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