Las crisis recurrentes en el patio trasero de los Kirchner

Lo que la ex presidenta no esperaba era perder la provincia de Buenos Aires; eso era impensado. Allí iba a refugiarse en caso de derrota el kirchnerismo en retirada, para prepararse para “volver” en 2019. Así lo pensaban aun cuando Daniel Scioli fuera el ganador: la Provincia operaría como refugio para el caso de una eventual tendencia independentista del sucesor peronista de Cristina Kirchner.

Pero donde no podían perder de ningún modo era en Santa Cruz, donde ante la posibilidad cierta de que eso pudiera suceder reflotaron la Ley de Lemas, que el candidato más votado en esa elección, el radical Eduardo Costa, denunció como inconstitucional, pues una ley nunca puede imponerse sobre el texto de la Carta Magna. La causa abierta siguió su curso hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, cuyo eventual fallo será abstracto, pues Alicia Kirchner terminó gobierna allí desde hace 16 meses.

Perdidas la Nación y la Provincia para el kirchnerismo, sus funcionarios se refugiaron entre otros ámbitos estatales: en municipalidades como La Matanza, y sobre todo la gobernación santacruceña. De ahí que en esa provincia patagónica se afirme que con la llegada de Alicia Kirchner esa administración creció un 10%.

Precisamente los gastos salariales de la administración santacruceña son la causa de los males que aquejan a la conflictuada provincia sureña. Cada fin de mes resulta una tortura para sus administradores pagar los sueldos -y ni qué decir de los empleados que penan por cobrar-, pues la provincia tiene un plantel estimado en 86.000 empleados públicos; demasiados para un distrito de apenas 320.000 habitantes. Más de una cuarta parte de la población santacruceña cobra sueldo del Estado; dicho en otros términos, más de un tercio de la población activa depende del Estado provincial.

Interlocutor de las autoridades santacruceñas en representación del gobierno nacional, el ministro Rogelio Frigerio alertó la semana pasada sobre “una población que mayoritariamente en Santa Cruz vive del Estado”. Y para graficar el descalabro provincial ejemplificó señalando que en promedio las provincias argentinas “tienen alrededor de 50 empleados públicos por cada mil habitantes”, mientras que en Santa Cruz “este número se eleva a 115”. No es el peor caso: en Tierra del Fuego la proporción es 121 empleados cada mil habitantes.

Según datos del Ministerio de Hacienda, la provincia con menos empleados por cantidad de habitantes es Córdoba, con 35; le siguen Santa Fe (39) y Buenos Aires (41).

Curiosamente la situación de quebranto que presenta la provincia puede ser comparada con la que encontró el propio Néstor Kirchner en 1991, cuando asumió por primera vez como gobernador en un distrito envuelto en una feroz crisis, por lo que lo primero que hizo como gobernador fue anunciar la declaración de la emergencia provincial.

Entre las medidas anunciadas figuraba la posibilidad de producir despidos en una administración en la que el 90% de los recursos estaban destinados a pagar salarios.

El recurso más a mano era el de disponer entonces siete mil despidos. Testigos de entonces aseguran que Cristina Fernández se inclinaba por esa decisión tan drástica como impopular, pero a la postre Kirchner optó en cambio por hacer un fuerte recorte en los salarios de la administración pública, entre otras medidas de austeridad.

Hoy la gobernadora Alicia Kirchner se resiste a ir en esa dirección y repite una y otra vez que no piensa hacer ningún ajuste como el que le reclama la Nación. Con todo, el gobierno provincial avanza en un plan que le permita acordar con el gobierno central la ayuda extraordinaria que les permita sobrevivir. No se sabe hasta dónde estarían dispuestos a ceder, pero muchos sostienen que a esta altura el kirchnerismo preferiría la intervención y posterior victimización.

LEA MÁS:

Diversos funcionarios nacionales consultados por este medio coincidieron en asegurar que esa alternativa no les pasa por la mente. Entienden que es un juego que el kirchnerismo desea jugar, pero que el gobierno nacional prefiere evitar. De todos modos, saben que tampoco pueden permitir que se incendie la provincia.

La crisis santacruceña tampoco arrancó el 10 de diciembre de 2015, pero a partir de ese día ya no pudieron contar con la generosa asistencia nacional. Todavía se recuerda cuando al día siguiente del balotaje que consagró a Mauricio Macri, una gran cantidad de camiones de caudales de la empresa Prosegur llegó al aeropuerto de Río Gallegos. La explicación oficial corrió por cuenta entonces del Banco de Santa Cruz, que aseguró que el movimiento de caudales que tanto había llamado la atención se correspondía con “la operatoria habitual del Banco Central de la República Argentina en el Tesoro Regional”.

A través de un comunicado, el Banco de Santa Cruz se manifestó “totalmente ajeno a dicha operatoria, que se realiza en un espacio cedido por el Banco al BCRA para el atesoramiento de los fondos que distribuye en toda la región”.

La plata era para pagar los sueldos de jubilados y pensionados, se dijo, argumentándose que habitualmente esos despliegues se realizaban de noche, y esa vez llamó la atención porque sucedió en pleno día. Lo cierto es que muchos se preguntaron entonces si estaban llevándose o trayendo dinero...

Fiel al estilo K, la dirigencia cristinista culpa de la situación a la herencia recibida y a las políticas del gobierno nacional, además de asegurar que les están retaceando fondos que les corresponden. Y cuando les replican que no hay tal herencia, pues desde hace 26 años el kirchnerismo maneja la provincia, insisten en que dejaron de hacerlo en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación. Una afirmación difícil de sostener cuando se habla de los Kirchner: es impensado imaginarlos dispuestos a desprenderse sin más de la provincia después de tres mandatos consecutivos.

LEA MÁS:

Prueba de ello es que siempre digitaron a los gobernadores sucesivos. Cuando Néstor Kirchner se mudó a la Casa Rosada, lo sucedió en la gobernación su vice, Sergio Acevedo, que luego se impuso el 14 de septiembre venidero por el 70% de los votos. Pero renunció el 30 de marzo de 2006, retirándose de la política y dejando un halo de misterio en torno a las razones de su intempestiva dimisión. Recién cuatro años después reconoció públicamente que había decidido irse ante una orden de Kirchner para “anticipar el 30% de una obra pública a la contratista que lo iba a realizar”. El destinatario, qué duda cabe, era Lázaro Báez.

“Yo esto no lo firmo, antes me voy”, dijo haber dicho entonces, “y como seguían exigiendo que lo firmara, me fui”, contó cuando tardíamente rompió el silencio. Las supuestas presiones eran de Kirchner y Julio De Vido.

Lo sucedió su vice, Carlos Sancho, uno de los dueños de “Sanfelice, Sancho & Asociados”, la inmobiliaria donde “trabajaba” Máximo Kirchner, tan cercano a la familia K era. Pero renunció el 28 de septiembre de 2007, jaqueado por un conflicto con los docentes y luego de la represión de una marcha de municipales que terminó con 18 heridos. A instancias del presidente Néstor Kirchner, asumió para poner en orden la provincia un hombre de su confianza, el entonces interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio Daniel Peralta. La manera de designarlo fue bastante curiosa: reasumió en su banca donde estaba de licencia y luego hicieron renunciar a las vicepresidentas primera y segunda de la Cámara de Diputados, para votar finalmente a Peralta nuevo vicepresidente primero, convirtiéndose de ese modo en el nuevo gobernador.

Peralta ganó las elecciones en 2011, y entonces se alejó del gobierno nacional al presentar una serie de proyectos que los diputados provinciales de La Cámpora calificaron de “antipopulares”. Peralta pretendía reformar el sistema previsional y tomar deuda para enfrentar la crisis. Es verdad que desde entonces mantuvo una relación tirante con Cristina Kirchner, pero a la larga recompusieron. En 2015 buscó la reelección, mientras que desde la Nación impulsaban a Alicia Kirchner. La sumatoria de los votos de ambos, el 34,8% de Alicia y el 16,77% de Peralta, le permitieron a la cuñada de la presidenta doblegar a Eduardo Costa (41,03%).

Las críticas del kirchnerismo hacia la actitud de la Nación tuvieron su correlato en el Senado Nacional la semana pasada, cuando en la sesión previa a la presentación del jefe de Gabinete las senadoras santacruceñas Virginia García (cuñada de Máximo Kirchner) y María Ester Labado, cargaron contra el gobierno nacional, denunciando un “ahogo financiero y económico” a la administración de Alicia K. Cuatro días antes habían sido los incidentes en la residencia de la gobernadora. Lo curioso fue que cuando poco después se reanudó la reunión para escuchar el informe de Marcos Peña, el kirchnerismo en pleno prefirió ausentarse evitando confrontar con el jefe de Gabinete.i